Desde el primer día que asumió Mauricio Macri su Gobierno mantuvo un vínculo tenso con los gremios docentes que actúan en la Capital Federal; por un lado, porque algunos de los miembros de los sindicatos provenían de la gestión de Aníbal Ibarra y por ello convirtieron al jefe de Gobierno en adversario acérrimo de sus intereses; por otro, las distintas concepciones que tenían ambos respecto al funcionamiento del sistema educativo.

El punto más alto de ebullición de este enfrentamiento lo produjo MM en el 2011 cuando impulsó y logró la aprobación de una norma que reduce la cantidad de miembros de las Juntas de Clasificación Docente, recorta las funciones de esos organismos respecto del mecanismo de inscripción y ascenso de maestros de las escuelas públicas. El antes y el después de la sanción de esta ley estuvo signado por una innumerable cantidad de paros y movilizaciones docentes que pretendían obstaculizar su aprobación por el Parlamento porteño.

Macri en cada oportunidad que tuvo mostró preocupación por el funcionamiento del sistema educativo y por la calidad del mismo. “Hemos perdido el liderazgo educativo que siempre tuvo la Argentina en América Latina”, se encargó de recordar el jefe de Gobierno en cada oportunidad que debió abordar el tema.

En esa línea el titular del Ejecutivo porteño, y tal como lo anticipara el 1º de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el jefe de Gobierno envió a la Comisión de Educación un proyecto para crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, que funcionaría como un ente autárquico dependiente de la cartera que conduce el ministro Esteban Bullrich.

A pesar de que la iniciativa aún no fue discutida a nivel de diputados en la Comisión de Educación, sí el debate se inició en el ámbito de asesores, donde ya comenzaron a emerger las diferencias abismales que animan a unos y otros. Según pudo saber Parlamentario la propuesta comenzará a ser analizada la próxima semana en la comisión que preside Victoria Morales Gorleri.

Manifiesto

Comenzó a circular por todo el espectro educativo de la Ciudad un denominado “Manifiesto por la Escuela Pública: Sí a la evaluación integral, participativa y formativa” en el que un sector mayoritario de los actores que participan del sistema expresan su “profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley de creación de un instituto externo de evaluación impulsado por el jefe de Gobierno.

El documento, suscripto por los principales referentes gremiales como Stella Maldonado (CTERA), Eduardo López (UTE), los legisladores Francisco “Tito” Nenna, Delia Bissuti, la diputada nacional Mara Brawer y una serie de escritores especializados en temas educativos manifiesta que la “educación de calidad en una sociedad democrática consiste en asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades de aprender y construir una posición intelectual autónoma como resultado de su paso por la escuela. La posibilidad de desarrollar estrategias para el logro de este propósito no puede ser evaluada a través de un ente externo de control y distribución de premios y castigos, sino que requiere que cada institución –con la orientación del planeamiento global- diseñe los instrumentos adecuados para conocer con rigor los alcances de su accionar y pueda producir reformulaciones necesarias”.

Los docentes creen que la “propuesta de Macri y Bullrich constituye una iniciativa contraria a la construcción democrática de políticas de Estado en materia de educación, entre ellas, las de evaluación. Este ente –sostienen- mediante la contratación de consultoras, ONG‘s y fundaciones, privatiza de forma velada la evaluación educativa y renuncia a construir los datos estadísticos desde el propio Ministerio de Educación”.

“Debemos entender a la evaluación como parte del proceso educativo y no como una intervención externa al mismo”, acotan los referentes de la docencia porteña.

En otro párrafo del documento dado a conocer, se expresa que el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, “desvirtúa los fundamentos pedagógicos de los procesos de evaluación, convirtiéndolos en argumentos efectistas de campañas publicitarias, mientras evade la obligación que tiene de desarrollar políticas públicas integrales que asuman los problemas de la enseñanza y de las condiciones de trabajo de los docentes”.
Finalmente reivindican una política educativa integral, participativa, no punitiva, contextualizada y formativa.

Voces contrarias

Es en este marco, en el que el sector opositor más duro a la gestión de Mauricio Macri deberá ir en busca de su reelección en las legislativas de octubre y si bien aún, la Comisión de Educación no comenzó a discutir el proyecto de manera oficial, los legisladores Francisco “Tito” Nenna (FpV), Delia Bissuti (Nuevo Encuentro) y Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) requeridos por Parlamentario hicieron conocer su postura respecto a la iniciativa gubernamental.

Para el legislador del FpV Francisco “Tito” Nenna “la propuesta de creación del Instituto de Evaluación rubricada por el jefe de Gobierno porteño, el ministro coordinador, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la cartera educativa, Esteban Bullrich, es una iniciativa con un sentido puramente tecnocrático. Fiel a la matriz ideológica del Pro, el expediente sugiere que la calidad se desprende de un control externo más riguroso sobre las prácticas de los trabajadores de la educación”.

A continuación Nenna afirma que “de nada sirve maquillar con palabras como equidad y cooperación un articulado que concibe por separado los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto a los resultados. Oscilando entre la mirada del acto educativo como un servicio y diluyendo la responsabilidad del Estado en la política, el macrismo pretende que un instituto ajeno al sistema fiscalice el funcionamiento de las escuelas y, con su despliegue estadístico, propende al mejoramiento de la educación”.

En la misma línea afirma que “así, el Gobierno porteño pone el carro delante de los caballos. Es improcedente la invención de un ente autárquico que aplique criterios paridos por organismos internacionales de crédito para motejar a los docentes y estudiantes, cuando el bloque oficialista en la Legislatura se niega de discutir el proyecto de Financiamiento Educativo elaborado por la bancada del Frente para la Victoria, cuya autoría corresponde a los diputados Francisco Nenna, Juan Cabandié y Gabriela Alegre. Los que se llenan la boca con loas a la calidad, pero no asumen el compromiso de discutir la necesidad de elevar el presupuesto educativo al 30 por ciento del total de los recursos del distrito incurren en una incongruencia que es preciso señalar”.

En consecuencia, Nenna sostuvo que “el único objetivo que persigue el Gobierno es cincelar un ranking de docentes y escuelas al tiempo que se reduce la responsabilidad del Ministerio de Educación en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas. Si el instituto se pusiera en funcionamiento, un grupo de especialistas decidirán su reglamento sin la participación de los protagonistas del sistema y argüirán que los avances obedecen a la tutoría externa y la publicación de los datos obtenidos para incentivar a los actores a una permanente competencia y superación”.

En tanto, la legisladora de Nuevo Encuentro Delia Bissuti fue contundente al expresar que “es un proyecto que envió el Ejecutivo con el cual no estamos de acuerdo. En primer lugar, porque genera un instituto por fuera de la estructura orgánica del Ministerio de Educación para establecer un sistema de evaluación. Segundo, porque habla de evaluación de la calidad educativa y la evaluación no es sobre la calidad, sino que debe hacerse sobre los procesos y el conocimiento además por supuesto de medir calidad”.

Luego la diputada sostuvo que “no estamos de acuerdo porque los objetivos que tiene planteados tienden más a generar datos para obtener comparativos entre escuelas, distritos, alumnos, docentes y de esa manera construir un ranking”.

“Para nosotros el objetivo de la evaluación implica muchas más cosas como por ejemplo generar una práctica permanente con los mismos docentes e instituciones para que puedan rever su actuación y mejorarla y de esa manera renovar las políticas educativas”, acotó Delia Bissuti. A continuación remarcó: “Por ello y ante el planteo que está haciendo el macrismo con el ministro Bullrich sobre la implementación de este nuevo instituto, estamos totalmente en desacuerdo”.

Bissuti adelantó a Parlamentario que presentará proyectos de otras características “porque tenemos la concepción de que el Estado tiene que evaluar y lo tiene que hacer desde el Estado mismo sin tercerización. Tiene que hacerlo requiriendo el aporte de las Universidades y haciendo partícipes a los docentes y a las instituciones para que trabajen y puedan modificar sus propias prácticas”.

Aunque con reparos Bissuti expresó que “con la evaluación estamos todos de acuerdo. El sistema educativo necesita evaluación: del propio sistema, de las políticas públicas, del rol docente, de los alumnos, del nivel de enseñanza-aprendizaje, todo eso se necesita evaluar”, reconoció la legisladora.

“¿Pero para qué? -se preguntó Bissuti y a continuación esbozó su propia respuesta- Para comparar y construir rankings, no. Sino evaluar, volver sobre las prácticas y mejorarlas. Mejorar el sistema educativo, el nivel de conocimientos, el nivel de calidad educativa, el perfeccionamiento docente, sobre ello estamos de acuerdo. Sobre los criterios del macrismo que pretende un tipo de evaluación con el objeto de hacer un ranking y tener datos sin modificar las políticas ni los conocimientos, no coincidimos bajo ningún aspecto”, finalizó afirmando la diputada de la bancada de Nuevo Encuentro.

Mientras, desde el bloque “Buenos Aires para Todos”, la diputada Laura García Tuñón manifestó su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley que crea un instituto externo de evaluación impulsado por Mauricio Macri.

Así, García Tuñón expresó que “desde hace mucho tiempo venimos planteando la necesidad de la evaluación y hemos estudiado mucho al respecto, pero creemos que la evaluación debe ser integral al sistema en su conjunto, a las políticas públicas, el financiamiento y a las condiciones laborales. Toman como ejemplo a Ecuador y Brasil pero estos países tuvieron en primer término 4 años de fortalecimiento sostenido del sistema educativo. Ese tipo de evaluación es un proceso, así deseamos que sea aquí también. Esto parece más una nueva embestida de Macri hacia los docentes que un plan real de evaluación”, sentenció la diputada.