La iniciativa del diputado Manuel Garrido busca compensar lo que considera una “evidente desigualdad ante la ley”, frente al blanqueo que impulsa el Poder Ejecutivo. De aprobarse, se eximiría a las personas alcanzadas del pago de intereses y multas impositivas. Se beneficiaría a quienes presentaron sus declaraciones juradas en regla pero por cuestiones económicas no pudieron cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma
Muchos reparos se esgrimieron en el Congreso durante el debate del blanqueo impositivo impulsado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, se habló de la injusticia para con aquellas personas que siempre estuvieron al día. Pero hay otras personas que también estuvieron en regla, aunque no al día.
Por ello es que el diputado nacional Manuel Garrido presentó un proyecto de ley para establecer exenciones a los pagos de intereses punitorios, resarcitorios y multas a las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, siempre que los ingresos devengados netos de impuestos, obtenidos en el año fiscal anterior o el último cierre contable regular del año anterior, según corresponda, no superen los dos millones de pesos.
Las exenciones procederán en los casos de falta de pago y/o incumplimiento formal de las obligaciones tributarias y de la seguridad social que se encuentren devengados y no percibidos al 31 de mayo de 2013, inclusive.
En los fundamentos, el diputado Garrido sostiene que “este proyecto apunta a garantizar el trato igualitario entre contribuyentes, particularmente aquellos que no han podido cumplir con sus obligaciones impositivas en tiempo y forma o han omitido la presentación de las declaraciones juradas impositivas a su debido tiempo por causas de fuerza mayor. La importancia de este proyecto radica en el tratamiento diferencial que el Poder Ejecutivo Nacional está concediendo a ciertos contribuyentes que vienen evadiendo impuestos de manera sistemática, primero con la sanción de la Ley N° 26.476 de Blanqueo de Capitales en el año 2008, y ahora con la Ley N° 26.680 en el mismo sentido. Este último no prevé costo de ingreso alguno y contiene un bajo nivel de control respecto al tipo de capitales que serán factibles de ingresar y de esta forma volcar a la economía formal.
Con este proyecto no se busca de ningún modo convalidar los mecanismos que viene utilizando el Poder Ejecutivo Nacional para sanear impositivamente a sujetos obligados que han estado irregular y manifiestamente fuera de la ley, aclara Garrido. “Simplemente, frente a la evidente desigualdad ante la ley que impuso el blanqueo auspiciado por el Poder Ejecutivo -sostiene-, es que se busca aliviar la carga tributaria (en los aspectos accesorios) a aquellos contribuyentes que se han mantenido dentro del marco de la ley pero que por diferentes causas, generalmente económicas, se han visto imposibilitados de cumplir con el pago o con la obligación de la presentación de la declaración jurada”.
