Se acercan las elecciones, que siempre significan para los trabajadores y sobre todo para los más pobres, el momento en que el Estado debe acordarse de ellos, aunque por mucho tiempo se haya descuidado la construcción de ciudadanía, la seguridad, la salud, la educación y la provisión de bienes públicos esenciales a la comunidad.

Sun embargo, no todas las propuestas del oficialismo van dirigidas en este tiempo a modificar la situación de los sectores más necesitados y desfavorecidos de la sociedad.

Entre otras malas señales del rumbo que ha adoptado el gobierno nacional, acontece que desde 2011 se viene incrementando el Impuesto a las Ganancias – creado para gravar las rentas y beneficios empresarios-, en porcentajes muy elevados, que lo han convertido en un injusto tributo al trabajo.

Por el aumento de la presión fiscal sobre los salarios, a través de Ganancias, el gobierno se quedó este año, en promedio, con el cuarenta y cinco (45 %) del último aguinaldo. Los porcentajes son aún mayores según los sueldos y las escalas del mínimo no imponible sujeto a impuesto, conforme una investigación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, recientemente publicado.

Sucede que la carga tributaria es cada vez mayor y la inflación real supera los ajustes dispuestos por el gobierno. La falta de actualización del mínimo no imponible hace que cada vez más gente deba pagar Ganancias y a la vez aumenta el monto del impuesto sobre todos los trabajadores formales.

Es muy fácil advertir que la enorme carga tributaria sobre los salarios castiga duramente a los trabajadores, aumenta la informalidad laboral y preanuncia un futuro de mayores restricciones fiscales.

A la luz de los resultados que esas políticas están obteniendo, el gobierno debiera adoptar decisiones urgentes, admitiendo que la presión impositiva sobre los salarios resulta absolutamente desmedida. Hacen falta correcciones perentorias para disminuir esta excesiva presión impositiva que eleva costos salariales y estimula la evasión de aportes.

Ahora las consecuencias de lo expuesto se proyectan sobre toda la economía, porque el país ya ha perdido un escenario de estabilidad de precios y la inflación golpea cada vez más los ingresos de los trabajadores y los jubilados, frena las inversiones, perjudica las economías regionales, disminuye las exportaciones y agrava el déficit de las provincias.

Los desequilibrios de la economía están provocando complicaciones crecientes en todos los indicadores de la actividad y surgen signos de preocupación sobre el bajo crecimiento y la caída de la demanda de trabajo, como datos alarmantes que pueden deteriorar la situación social.

Por el deterioro del tipo de cambio y la suba de los costos locales se están dejando fuera de juego a varias economías regionales, afectando su rentabilidad, a la vez que se impide a las manufacturas industriales insertarse en nuevos mercados.

En cuanto a la generación de empleo, que ha sido una de las mejores performances del ciclo económico abierto a la salida de la crisis en 2002, los indicadores del mercado de trabajo muestran una constante declinación. De hecho se considera que desde 2012, como consecuencia de la desaceleración económica, se estancó el empleo privado.

En este contexto adverso de la economía nacional, un cambio de ciclo por el bajo crecimiento y la alta inflación, va a deteriorar aún más la situación social, donde la pobreza ya se ha consolidado como un problema estructural y deja al descubierto los límites de las políticas sociales manejadas con criterio clientelar. Por donde se mire, los desequilibrios actuales de la economía provocados por la inflación, ponen en riesgo la actividad de todo el sector productivo, los ingresos de los asalariados y jubilados, y la falta de trabajo, que podría empeorar, de no mediar acciones para revertir esta situación.