El diputado nacional y exministro de Hacienda de la provincia de Mendoza Enrique Vaquié elaboró una serie puntos explicativos sobre el Decreto 929/2013, Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, firmado por la presidenta y que se espera sea la base jurídica para el acuerdo que firmará YPF S.A con Chevron.
El radical mendocino Enrique Vaquié declaró: “Sin discusión del Congreso y por decreto, como acostumbra, Cristina Fernández elimina las restricciones a la libre disponibilidad del crudo y libera parcialmente la restricción a la disponibilidad de las divisas. Estas restricciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo obligado por el impacto en la balanza energética con U$S 14.000 millones de importación de combustibles. Cabe recordar que fueron establecidas el viernes 27 de julio de 2012 por el Decreto 1277/2012 reglamentario de la ley 26.471. Hoy, cuando no se ha cumplido un año, el Decreto 929/13 vuelve a cambiar las reglas de juego flexibilizando esos mismos tópicos. ¿Cuántos meses durará este nuevo decreto y de qué otra manera se podrá destruir cualquier confianza en el Estado argentino?”.
El economista explicó que la gestión de la nueva YPF “ha fracasado tanto que se expone como un logro propagandístico el crecimiento de 1,6% de la producción de YPF a nivel nacional, “sin embargo, si se compara mayo contra mayo y año contra año, produce exactamente lo mismo que Repsol y Eskenazi. El único crecimiento que se verificó es el 25% en promedio que aumentó el precio de la nafta y el gasoil de YPF S.A.”.
Vaquié sostuvo que “como carece de capacidad de inversión, YPF S.A. acepta asociarse con cualquier operador (en este caso Chevron) aunque su performance sea peor incluso que la demostrada por Repsol en el mismo período. Según la Secretaría de Energía, la producción de petróleo de Chevron del último año es 17% inferior a la de los doce meses anteriores. “El acuerdo solo tiene como objetivos la mejora de la balanza energética y el incremento de los beneficios de Chevron. Por ello, la falta de debate legislativo lleva a que las provincias productoras –dueñas del 25% de las acciones de YPF S.A. – queden fuera de la discusión de los términos del acuerdo con Chevron. Según este planteo solo van a ser dueñas de las pérdidas de la operación”.
El diputado también cuestionó que no se diseñen herramientas de promoción para inversiones productivas, comerciales o de servicios destinadas al mercado interno o a la exportación aunque ellas son en casi todos los casos los generadores de empleo de las economías regionales.
