Los diputados nacionales Felipe Solá, Graciela Camaño y Alberto Roberti presentaron este lunes un proyecto de ley de reforma tributaria, que incluye una suba del 28 por ciento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto de los diputados alineados con Sergio Massa cuenta con 20 artículos que prevén “beneficiar el ingreso de los trabajadores, de la clase media y de los jubilados”, como así también gravar la renta financiera.

El proyecto prevé elevar el mínimo no imponible de Ganancias y las cargas de familia, para que solo queden alcanzados por el tributo quienes tengan salarios netos iguales o superiores a 10.700 pesos, en el caso de los solteros, y de casi $15.000 ($14.792,50) para los trabajadores casados con dos hijos. Hoy los dos topes se ubican en 8.360 y 11.563 pesos, en forma respectiva, por lo que la suba que propone la iniciativa es del 28 por ciento, “a los fines de beneficiar el ingreso de los trabajadores, de la clase media y de los jubilados”, resaltó el texto.

Con relación a los pequeños y medianos inversores y a priorizar las inversiones de largo plazo en el mercado de capitales, el proyecto apunta a generar esquemas diferenciales de tratamiento en función del monto del capital invertido, del plazo de la inversión y del destino de las mismas.

Se expresa que “si las actividades productivas están gravadas por el impuesto a las ganancias es ineludible que haya un esquema en ese sentido para aquellas utilidades provenientes de actividades financieras con perfil especulativo”. Por ello, el proyecto busca establecer el impuesto a la renta financiera sobre las ganancias realizadas de capital derivadas de acciones (con y sin cotización en mercados bursátiles), títulos públicos, letras, obligaciones, bonos, títulos valores e intereses por plazos fijos.

En el caso del impuesto a los intereses por plazos fijos quedarían alcanzados aquellos depósitos superiores a 250.000 pesos (o que el conjunto de plazos fijos de una persona física supere dicho monto). La alícuota en ese casi sería de 15 por ciento en el primer año, de 20 por ciento en el segundo, de 25 por ciento en el tercero y de 35 por ciento, a partir del cuarto año. Quedarían excluidos del impuesto los depósitos a plazo fijo derivados de indemnizaciones laborales y cobros por accidentes del trabajo y de juicios previsionales.

Las ganancias de capital generadas por la compraventa de acciones quedarían gravadas cuando las operaciones se realicen a un plazo menor a doce meses calendario. La alícuota sería entonces de 15 por ciento en el primer año, de 20 por ciento en el segundo año, de 25 por ciento en el tercer año y la máxima de 35 por ciento, a partir del cuarto año.

Se establecería también un tratamiento diferencial en el impuesto para la emisión de nuevas acciones destinadas a proyectos de inversión, quedando desgravadas del impuesto a las ganancias en los dos primeros años. La renta de títulos públicos tendría tratamiento similar al de los intereses de los plazos fijos. Contarán con una exención de tres años las nuevas emisiones de deuda.

Quedarían eximidas las colocaciones de acciones y obligaciones negociables de YPF dadas las necesidades estratégicas de nuevas inversiones energéticas.

Las obligaciones negociables vinculadas a nuevos proyectos de inversión del sector privado estarían exentas del impuesto a las ganancias en los primeros tres años y en el plazo de cinco para el caso de las pequeñas y medianas empresas. Se impondría una desgravación del impuesto a las ganancias para la reinversión de utilidades de las Pequeñas y medianas empresas. La alícuota del impuesto a las ganancias de las utilidades reinvertidas sería de cero por ciento durante tres años, considerandose inversión a toda aquella compra de bienes de capital.