Una iniciativa de la legisladora Rachid busca que el Estado asista a las mujeres y hombres que salen de la cárcel y no pueden conseguir trabajo producto de su pasado en prisión.
En una conferencia de prensa realizada este miércoles en la Legislatura porteña, la diputada del FpV presentó un proyecto de ley para que el Estado se comprometa y garantice el acceso al empleo a personas que hayan sido privadas de su libertad.
La medida contemplaría a personas condenadas a pena privativa de libertad que hubieran cumplido total o parcialmente su pena e incluso a quienes posean su condenada en suspenso. Pero también incluye a condenados que tienen acceso a salidas transitorias y a excarcelados que producto de su situación judicial no puedan conseguir trabajo.
Plantea, además, que todos los organismos públicos establecidos en el Libro Segundo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires deben reservar un cupo mínimo del 3% de los puestos de trabajo existentes.
También será tarea del Estado porteño promover la creación de cooperativas de producción, dirigidas a la integración laboral y el Banco Ciudad de Buenos Aires deberá implementar regímenes de créditos destinados a estas cooperativas con tasa de interés que no podrá superar el 30 % de la vigente para los préstamos personales.
“Este proyecto plantea la posibilidad de dar oportunidades de inclusión a un sector que la sociedad no estaba considerando”, sostuvo Rachid.
Más adelante, la secretaria de la Mesa Nacional por la Igualdad agregó que “hay que compensar las fallas y faltas de la sociedad a través de políticas públicas que igualen los derechos de todos y todas”.
Junto a la legisladora kirchnerista se encontraban Mariano Fusero, integrante del equipo jurídico de la Mesa por la Igualdad y uno de los redactores de la iniciativa; Lidia Pérez, referente del Frente de Personas Privadas de la Libertad y Liberados del Movimiento Evita; Sergio Delgado, profesor del Departamento de Derecho Penal y Criminología y juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; la licenciada Liliana Cucut del Proyecto Ave Fénix de la UBA; la doctora Elsa Porta, ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral; y Ramiro Gual, representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
