Algunos lo recuerdan, muchos quisieran que se olvide para siempre. El 26 de marzo de 1992, la Cámara de Diputados de la Nación aprobaba la privatización de Gas del Estado a través de uno de los más grandes hechos delictivos en la historia del Congreso de la Nación: el caso del DIPUTRUCHO.

El menemismo, al no conseguir el quórum reglamentario, sentó en una banca vacía a un anciano asesor del diputado Julio Maguid y aprobó así escandalosamente la privatización de Gas del Estado

Gas del Estado, que era en ese momento la tercera empresa de explotación de gas en el mundo, se desmantelaba por orden del Banco Mundial y en sintonía con los preceptos del “Consenso de Washington” era entregada a empresas extranjeras, retirando al Estado de su responsabilidad.

La tragedia de mi ciudad, junto al dolor y las inconmensurables muestras de solidaridad, pone en foco el tema de las responsabilidades.

En aquella oportunidad, la de la sesión trucha, la ley ni siquiera se anuló, y el único preso fue el anciano que se sentó en la banca, el diputrucho.

Frente a esta terrible tragedia que enluta a Rosario, y junto a la prioridad que expresa la necesaria respuesta desde el Estado hacia los damnificados (muchos de los cuales han perdido todo) la justicia debe desentrañar toda la cadena de responsabilidades de la tragedia, que ha desnudado una vez más la falta de controles adecuados y el accionar en muchos casos negligente e irresponsable de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales.