Walter Martello solicitó una copia de las actuaciones judiciales que se están instruyendo en el caso de un adolescente de Los Polvorines con autismo severo al que, pese a contar con una sentencia que ordena al IOMA a darle cobertura, se le interrumpió el tratamiento. La metodología se repetiría en numerosos casos.
El presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, solicitó una copia de las actuaciones que se están instruyendo en el Departamento Judicial de San Martín debido a las denuncias de los padres de un niño de Los Polvorines, que padece autismo severo y que requiere de un tratamiento domiciliario, a quien el IOMA le está negando prestaciones.
Franco Ortiz es un adolescente de 15 años, cuyo caso -en 2006- ya fue analizado por la Justicia, cuando sus familiares presentaron un recurso de amparo. De hecho, existe una sentencia firme que obliga al IOMA a darle tratamiento y pañales. Pero, debido a distintas argucias legales instrumentadas por autoridades de la obra social, la cobertura se habría interrumpido el pasado mes de junio.
Ante esta situación, el legislador provincial quiere saber detalles de la actuación de los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín: Jorge Augusto Saulquín, Hugo Echarri y Ana María Bezzi. Concretamente, hay sospechas de que, en lugar de hacer cumplir la sentencia que ellos mismos firmaron, estarían dilatando los plazos, siendo funcionales a los pedidos de los funcionarios de la obra social.
La maniobra sería la siguiente: pese a que muchos afiliados presentan recursos de amparo y obtienen sentencias favorables a sus reclamos, la Fiscalía de Estado impulsa medidas para dilatar los tiempos: apelaciones, recursos de queja, etc. sin importar que en varios casos se pone en riesgo la salud de pacientes con severas patologías. Se llegó al extremo, en el caso de Franco, que la Fiscalía impulsó un recurso para que no se haga efectiva la entrega de 450 pañales, siendo que el IOMA tiene un presupuesto de más de $8.100 millones. Más grave aún resultó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín consideró admisible el recurso.
Martello viene denunciando distintas irregularidades en la obra social, por lo que este año presentó un proyecto para crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados bonaerense. Además, impulsa una reforma integral para democratizar la obra social, permitiendo que los afiliados puedan votar, en comicios directos, a dos representantes para formar parte del directorio.
“Este tipo de casos, donde está en juego la vida de los más indefensos, nos lleva a pensar que muchas veces existe connivencia entre el poder político y algunos actores del poder judicial, sin importar que se violen tratados internacionales y distintas leyes como las que amparan a Franco. Si los afiliados estuviesen debidamente representados en el IOMA, que se financia con el dinero de los trabajadores, este tipo de casos no se producirían”, sostuvo Martello. Agregó: “Pareciera que el pecado de Franco es la lucha de sus padres para que todos los chicos con capacidades diferentes tengan el tratamiento que se merecen”.
Indignados por lo que le está sucediendo a Franco y a su familia, vecinos de Los Polvorines se congregarán el próximo 22 de agosto frente al Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas, en calle Godoy Cruz 2250, para repudiar la actitud del IOMA. También exigirán Justicia para todos los niños con capacidades diferentes que están atravesando por una situación similar.
