La reapertura del canje de deuda fue aprobada en el Senado nacional con 57 votos afirmativos, 8 negativos y una abstención, tras ocho horas de debate en la reunión iniciada a las 13.20, luego de seis semanas sin sesionar.

Particularmente, el proyecto del Ejecutivo obtuvo una mayoría de 57 a 7 en la aprobación general, mientras que los artículos 1, 5 y 7 que refieren a la derogación de la Ley Cerrojo y al pedido de informes periódicos en el Congreso, consiguieron en particular el apoyo de 41 a 23, con una abstención.

Se ocupó de presentar la iniciativa el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Aníbal Fernández, quien propuso “con este proyecto autorizar al Ejecutivo a realizar las acciones correspondientes para cancelar la deuda, con el objetivo de permitir que se presenten aquellos que no se habían presentado”.

Luego fue el turno de la presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, la radical Laura Montero, quien pidió que “se informe regularmente el estado de la deuda y de los pagos a los tenedores de bonos, y que se modifique el artículo 7 para derogar la Ley 26.017, que es la “Ley Cerrojo”.

El radical Mario Cimadevilla remarcó que el canje no se reabre por una cuestión “voluntaria”, sino que “como siempre el Gobierno aborda los temas ante una necesidad y sigue negando una realidad que nos agobia”.

“Todo lo que tienen es este proyecto de ley, no hay una estrategia jurídica, y en Estados Unidos en lo que se está discutiendo es un tema jurídico. Nos exigen el cumplimiento de un contrato cuyas cláusulas las aceptó el Gobierno argentino, y que ese mismo Gobierno se negó a cumplir cuando dijo que no les iba a pagar a esos fondos”, expuso el legislador de Chubut, que mantuvo la misma postura que su compañera de bloque Montero conr especto a la participación del Congreso en la solución de este tema.

Sin embargo, el senador cordobés Luis Juez dijo que el FAP “no puede acompañar este proyecto porque representaría tropezar con la misma piedra por tercera vez, por lo que creemos que esta herramienta ya es obsoleta”.

El senador nacional de la UCR Gerardo Morales resumió en que “ha habido cambios cualitativos, pero vamos por mal camino. Por como viene avanzando la deuda, a fin de año vamos a haberla acrecentado”.

A su vez, el jefe de la bancada radical en la Cámara alta José Cano, afirmó que “creemos desde el radicalismo que no existen argumentos para votar en contra de algo que el bloque viene reclamando”, aunque reconoció que “esta medida llega tarde y es una señal de que se un escándalo de las finanzas públicas de la Nación”.

Cano también apuntó a conocer la identidad de los tenedores de bonos, porque “nos llama la atención que el Gobierno que se caracteriza por demonizar, todavía no haya dicho quienes son, por lo menos, ese siete por ciento que quedó afuera”.

Al rechazar el proyecto, la senadora salteña Sonia Escudero sostuvo que se trata de una “medida irrelevante para la situación judicial de la Argentina”, al tiempo que señaló que “esta norma ratifica la improvisación y las bravuconadas de los principales funcionarios nacionales en el manejo de este tema”.

Asimismo, la legisladora recordó que “estos fondos buitres no son pobres jubilados que fueron estafados, sino que son bonistas que compraron en el año 2008, cuando ya habíamos pasado el default y el canje del 2005, que compraron a precios miserables y ahora quieren cobrar el 100%, pretendiendo obtener una ganancia de más del 1.300%. Esta situación hubiera sido muy fácil de entender por cualquier juez, pero fue entorpecida con las declaraciones del ministro de Economía, de la presidenta de la Nación y de los abogados que nos defienden en Nueva York, cuando aseguraron por todos los medios -y hasta por cadena nacional- que no íbamos a cumplir ningún fallo de ningún tribunal”.

El proyecto garantiza que cualquier deuda de pago ofrecida a los tenedores de bonos en diferimiento debe ser igual a las pautadas en 2005 y 2010, asegurando así la equidad para todos los acreedores, con lo que también quedan prohibidos aquellos tratos que les resulten más favorables.

Por otro lado, la iniciativa plantea la suspensión del artículo 7 que elimina la llamada “Ley Cerrojo”, con lo que queda abierto formalmente el canje para adecuar los servicios de la deuda a las posibilidades de pago del país. Además queda implicada la renuncia de los derechos adquiridos previamente para liberar a argentina de cualquier acción judicial, así como que todos los bonos quedarán reemplazados por los “bonos de la república argentina a la par en pesos step up 2038”, a pagarse en pesos y en nuestro país, a fin de evitar futuros embargos.

Otros proyectos

También fueron aprobados por unanimidad todos los proyectos presentados, que incluyen la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, la asignación de un subsidio anual a la estación experimental agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, la designación del 10 de octubre de cada año como Día Nacional de Salud Mental y del 13 de septiembre de cada año como Día Mundial de la Prevención de la Sepsis, la regulación y supervisión pedagógica de las instituciones de atención a la primera infancia no incluidas en la enseñanza oficial y la modificación de la ley que regula el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Asimismo, consiguieron la aprobación unánime la modificación de la Ley 26.659 para incorporar la responsabilidad penal para quienes, sin la autorización correspondiente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, así como el proyecto de ley que establece el régimen de reparación y asistencia a los damnificados por la explosión de Rosario y el proyecto de ley en revisión sobre régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte.

También se aprobó el proyecto que tiene por objeto garantizar un sistema único de talles de indumentaria y la creación de un fondo especial para la reparación y asistencia de los damnificados de la tragedia de Rosario.