Los cambios que afectan a la distribución de dividendos y la compraventa de títulos de empresas que no coticen en la Bolsa fueron oficializados por 41 votos afirmativos y 9 negativos, a pesar del faltante del bloque radical.
Después de cuatro horas de sesión, el oficialismo consiguió la mayoría con 41 votos a favor y 9 en contra, a pesar del retiro de los senadores radicales del recinto, y logró sancionar el proyecto que grava la distribución de dividendos y la compraventa de títulos valores que no cotizan en Bolsa, para compensar menores ingresos por la suba del mínimo no imponible de Ganancias.
Al defender el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, resaltó que el proyecto “es consistente con la modificación que hemos hecho meses atrás con el Mercado de Valores”. Reiteró que los plazos fijos no serán incluidos como “renta financiera”, y destacó que la propuesta nació de los foros convocados por la presidenta, con empresarios y sindicalistas.
Tras detallar la norma, que grava con un impuesto del 10 por ciento la distribución de dividendos y otro del 15 por ciento la compra venta de títulos valores que no cotizan en la Bolsa, recordó que con la compra venta de acciones que no cotizan en los mercados el Estado prevé recaudar entre 650 y 700 millones de pesos, mientras que se estima que la otra alícuota reporte unos 1.300 millones.
El objetivo de estas alícuotas es cubrir los 4.500 millones de pesos que le costará al Estado la modificación del Impuesto a las Ganancias y con esto se recaudarían unos 2.000 millones, mientras que la diferencia la compensará el Estado.
En líneas generales, el proyecto “amplía la base imponible” y habló de “mejorar el impacto redistributivo”, destacando que se prevé facilitar que el impacto no sea contra las pequeñas y medianas empresas. “No va dirigido concretamente a ese punto”, dijo.
Tras la alocución del miembro informante, Liliana Negre de Alonso dijo no compartir con él sus conceptos. Dijo al respecto que “casualmente grava (el impuesto) a las empresas que no cotizan en Bolsa, que son las pymes”.
“Claramente no estamos discutiendo la modificación del mínimo no imponible”, aclaró. Es, señaló, porque se le negaron facultades al Cuerpo para hacerlo. Advirtió entonces que el impuesto se aplica sobre las pymes, sobre las empresas familiares, y las cuantificó en 700 mil, que “generan el 70% de los puestos de trabajo en la Argentina”.
“Acá lo que hay que hacer es ordenar el gasto, no hacer ajuste”, aclaró Liliana Negre. Advirtió que el déficit fiscal alcanzó en el primer trimestre 16.589.000.000, y sostuvo que el mismo afectó el salario de los trabajadores, destacando que de los 500 mil trabajadores que pagaban el impuesto a las Ganancias al iniciarse el mandato de Cristina Fernández en 2007, hoy lo abona más de dos millones de trabajadores.
Luego fue el turno del senador Jaime Linares, quien recordó que se sigue en deuda con la implementación de una reforma impositiva. “Después de 10 años de este gobierno, de la década ganada, no haber podido en épocas importantes de ingresos especiales, hacer una reforma tributaria integral, es lamentable”, se quejó el senador bahiense, lamentando que estuvieran tratando este tema “de apuro”.
Para el senador del GEN, lo que se estaba buscando era “crear un nuevo impuesto”, que el año que viene “se va a sumar a las ganancias que ahora estamos habilitando”, estimó. Anticipó entonces que “de ninguna manera vamos a acompañar esto, que tiene consecuencia directa sobre el déficit fiscal que ya tenemos”, y apuntó que no se reconoce “el tema central, que es el inflacionario”.
A su turno, la senadora chubutense Graciela Di Perna adelantó el voto positivo para la iniciativa, pero pidió tener en cuenta el tema inflacionario, para lo que reclamó considerar algún tipo de “readecuación” del piso de Ganancias. Se quejó también por la baja coparticipación de los impuestos para las provincias. Empero, aclaró que pensaba que “este proyecto puede significar un alivio para la economía”.
Al fundamentar su voto en contra, el sanjuanino Roberto Basualdo dijo que en lugar de tratarse de “un impuesto a la renta financiera”, lo que se estaba tratando era “un impuesto a la producción”. Lamentó que “no estamos reconociendo la inflación”, y dijo que en las actuales circunstancias se debe pagar Ganancias hasta cuando se pierde plata.
Alertó que de nuevo se está castigando a las pymes, en lugar de “castigar” a la renta financiera como se estaba sosteniendo.
A continuación habló la senadora Sonia Escudero, quien atribuyó una intención eminentemente recaudatoria al impuesto, y tras adelantar que votarían en contra, resaltó que “estamos avanzando en una doble imposición” sobre aquellos contribuyentes que deberán pagar un impuesto del 10 por ciento la distribución de dividendos.
Se quejó porque “el aumento del salario no va al trabajador, sino que una buena parte va al Estado, que se apropia (del mismo) a través del impuesto a las Ganancias”. Reclamó que las decisiones sobre el mínimo no imponible “vuelvan al Congreso”, tal como sucede con las jubilaciones. Consideró “verdad a medias” que el impuesto a las Ganancias sea abonado sólo por un 10% de la masa trabajadora, pues a su juicio lo paga toda la población. Explicó que el tema genera “mayor puja salarial, lo que genera más inflación”.
Señaló en tal sentido que el tema del impuesto a las Ganancias se ha colado en las negociaciones salariales, y como todo depende del Ejecutivo, “que a veces lo autoriza y otras no, el empleado reclama un mayor aumento”. Por eso reclamó “retomar las facultades del Congreso” en el tema.
Luego fue el turno de la senadora María José Bongiorno, quien tras adelantar su voto positivo al proyecto, defendió la diferenciación que hizo el Gobierno con relación a los trabajadores patagónicos. Fue precisamente por una observación que había hecho previamente la senadora Negre de Alonso, que se quejó porque no se extendieran esos beneficios hacia el resto de los trabajadores de otras partes del país.
Aníbal Fernández volvió a tomar la palabra para aclarar que el proyecto “no genera ningún perjuicio a las pymes”. “Habrá impuesto siempre y cuando haya ganancias; sino hay, no hay impuesto”, remarcó. Negó el concepto “confiscatoriedad”, introducido por la senadora Negre, asegurando que “no se aumentó la alícuota del impuesto, por lo cual la sociedad tributa el 35%; y si se distribuyeran dividendos, el beneficiario es el que pagará el 10%. La alícuota máxima seguirá siendo del 35%”.
A su turno, el pampeano Carlos Verna reclamó la necesidad de establecer un mecanismo para actualizar el mínimo no imponible, por la incidencia que sobre el tema tiene la inflación. Tras detallar el proyecto suyo en tal sentido, el senador dijo que no acompañaría el proyecto oficial “porque perjudica a los pampeanos”. Explicó en tal sentido que el banco de su provincia es de economía mixta. A la hora del reparto de dividendos, la provincia no paga ganancias, pero los empleados que reciben dividendos -porque así está en la carta orgánica del banco-, sí van a tener que pagar. Así las cosas, interpretó que en su provincia las pequeñas y medianas empresas también deberán pagar dividendos.
Por su parte, el presidente del interbloque FAP Rubén Giustiniani sostuvo que “el sistema tributario argentino es de los más agresivos del mundo”, y se fundamentó con datos de la AFIP que indicaban que “el impuesto que más tributa es el IVA, que es el 10,04% del PBI” y que va directo al consumo. Recién el tercero es la renta, que representa el 5,8% del PBI”.
Indignado, el santafecino explicó que “del 2007 al 2012 el mínimo no imponible aumentó un 96%”, por lo que instó a que si no hay “una norma fija en un país en donde existen altas tasas de inflación, se lo va a comer el salario. Por eso nos parece importante que esto se renueve periódicamente para no afectar a los trabajadores”.
El presidente de Compromiso Federal Rodríguez Saá justificó su voto en contra porque “es falso que hoy estemos tratando el mínimo non imponible ya que esa facultad delegada por este parlamento. Es una facultad que la constitución nos prohíbe hacer”, y remató que “si lo estuviéramos discutiendo” se podría analizar si el monto es “razonable” o no, “por lo que propongo que recuperemos esa facultad”.
El senador puntano se refirió a la avanzada sobre las PyMES y cargó contra el Gobierno, sobre el que opinó que “en un momento difícil cuando tiene que ceder en algo que no quería ceder, justifica la creación de impuestos para beneficiar a los trabajadores, pero los impuestos que se crean están impuestos a los sectores medios de la sociedad, a las PyMES, que son los que más necesitan la ayuda”.
A su vez, el chubutense Marcelo Guinle descartó que esta es una medida que “recompone lo del mínimo no imponible”, y justificó la norma explicando que el análisis en contexto de la misma “hace que el oficialismo apoye la iniciativa a la vistas de lo que fue una excelente decisión”.
El kirchnerista aprovechó para remarcar “la necesidad que había de contar con un componente regional porque la mayor distorsión se nota por el elevado costo de vida de la zona patagónica”.
También se aprobaron…
Otro de los temas más importantes previstos para la jornada fue el tratamiento del proyecto que establece la difusión de la línea telefónica gratuita con alcance nacional “144”, para la atención de consultas de violencia de género, que fue abalado por decisión unánime.
Por otra parte, se logró acuerdo entre los bloques para tratar el proyecto de los senadores Aníbal Fernández y Sonia Escudero que modifica el Código Penal acerca de la pena para el que utilice servicios sexuales de víctimas de trata de personas, con conocimiento de esa condición. La norma que prevé penas entre uno y cuatro años de prisión para quien consuma este delito y hasta 10 años en caso de que la víctima sea menor de 18 años, consiguió la media sanción esperada.
Asimismo alcanzó la mayoría la modificación a la ley que regula el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el proyecto del senador Osvaldo López que crea la Empresa Transportes Navales Empresa del Estado.
Siguiendo con las votaciones que no generaron mayores inconvenientes, se aprobaron por unanimidad el reconocimiento a Fray Mamerto Esquiú como una de las personalidades sobresalientes del bicentenario, la inclusión del 16 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Juventud, como así también el proyecto que pone el nombre de “Doctor Ramón Carrillo” a la actual sede del Ministerio de Salud de la Nación, y el que declara de interés nacional al paso internacional San Francisco de la provincia de Catamarca y el corredor bioceánico del Noroeste argentino.
Lo mismo sucedió con la creación de juzgados federales en Quilmes (provincia de Buenos Aires), Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), y en la provincias de Catamarca y Salta, así como con todos los proyectos de declaración.
La creación del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cerebrovasculares y la declaración de un monumento nacional del puente de la intersección de las rutas 234 y 40 en Junín de Los Andes, provincia de Neuquén, la obligatoriedad de imponer un espacio destacado en los medios de transporte con la leyenda “las Malvinas son argentinas”, también consiguieron la mayoría con el cuorum estricto de 37 senadores a favor.
