Legislador de la Coalición Cívica anunció que presentará un proyecto este lunes para que los ciudadanos porteños que fueron damnificados por cortes de energía no deban pagar esa tasa impositiva por un tiempo determinado.
El diputado porteño de la Coalición Cívica y vicepresidente 3° de la Legislatura, Maximiliano Ferrari, manifestó que presentará este lunes un proyecto para establecer una eximición especial y única del pago del primer semestre de 2014 del impuesto inmobiliario ABL, a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que fueron afectados por los cortes de energía eléctrica.
La iniciativa establece “un descuento especial y único en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los meses de diciembre 2013 y enero y febrero 2014 a aquellos comercios y/o actividades afectados por los cortes de energía” y que ese descuento se “determina mediante la presentación de una declaración jurada de los daños materiales surgidos de los cortes de energía, mas una suma fija de 1000 pesos por cada día que dicho comercio fue imposibilitado de desarrollar con normalidad sus actividades”.
Por otro lado, se propone que el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires brinden asistencia ante los reclamos judiciales que los vecinos afectados realicen contra las empresas distribuidoras de energía y/o contra el Estado Nacional e interponer acción de responsabilidad y reparación de daños y perjuicios contra las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Según trascendió, en el artículo octavo del proyecto se busca que se autorice “a la jurisdicción de ministerio de Desarrollo Social un crédito presupuestario de cincuenta millones de pesos (50.000.000) a fin de ser asignado a ‘Transferencias’, para prestar asistencia directa a las personas que, a causa de la catástrofe energética y mientras ésta se mantenga, se encuentren en situación de extrema necesidad, mediante ayuda alimentaria, provisión de agua, medicamentos, subsidios directos y cualquier otro elemento para atender las necesidades de las personas afectadas”. En este punto se agrega que se debe autorizar al Poder Ejecutivo “para financiar dicho crédito presupuestario mediante reasignación de partidas”.
En los fundamentos de la iniciativa, al igual que otros legisladores de la oposición, Ferraro desliga en cierto modo a la administración porteña de los problemas energéticos y entiende que la mayor responsabilidad es del Gobierno Nacional.
“Asumimos esta función pese a que la responsabilidad directa de los hechos es ajena al Gobierno de la Ciudad, ya que las empresas concesionarias se encuentran dentro de la órbita del Gobierno Nacional, pero creemos que es imperiosa la necesidad de proteger a los vecinos que se sienten abandonados ante esta situación de emergencia”, fundamentó.
