Muchos tienen la convicción de que la reforma judicial fue producto directo de la frustración que causó en el Gobierno nacional el fallido 7D. Ese día, incorporado a la épica kirchnerista que le dedicó importantes recursos y despliegue, concluyó aun antes de llegar, sin el resultado esperado de un desembarco oficial sobre el Grupo Clarín, para desmembrarlo. Con antelación, la Corte desactivó esas expectativas y despertó la ira presidencial.

Hay suficiente presunción de que entonces se decidió la suspensión del debate de la unificación de los códigos Civil y Comercial, que para entonces había avanzado con audiencias públicas en todo el país. Su aprobación definitiva se trata de un deseo especial de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzino y Elena Highton de Nolasco, pero el tema fue postergado sin demasiadas explicaciones.

En su prolongado discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo de 2013, la presidenta de la Nación anunció el que sería seguramente su principal caballito de batalla en materia legislativa para ese año. Anunció su intención de “democratizar la Justicia”, y adelantó que enviaría al Parlamento un proyecto en ese sentido. “Ni los jueces, ni los abogados, tienen coronita para elegirse entre ellos”, lanzó al anticipar una sustancial reforma que incluiría la posibilidad de que “la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos directamente por el pueblo”.

“Hay que darle a ese órgano representación popular donde la sociedad se vea representada”, dijo Cristina.

El kirchnerismo puso entonces en marcha su poderosa maquinaria y se dedicó a elaborar los proyectos que enviaría al Parlamento para “democratizar la justicia”. Cuando estaba previsto el anuncio formal por parte de la presidenta, sobrevinieron las trágicas inundaciones del 2 de abril y el Gobierno tuvo que postergar hasta el 8 de abril los anuncios. Se trató de un polémico paquete de leyes que fue tratado en dos tandas por el Congreso. Esto es, los seis proyectos en cuestión se mandaron simultáneamente a las dos cámaras, para que cada una de ellas fuera tratando una mitad. Las iniciativas correspondían a una reforma del Consejo de la Magistratura; un proyecto sobre ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa; publicidad de los actos del Poder Judicial; publicidad y acceso a las declaraciones juradas; creación de nuevas cámaras de Casación; y regulación de cautelares contra el Estado.

La Cámara baja aprobó el 17 de abril tres de los seis proyectos: aquel sobre el ingreso a la carrera judicial, el de la publicidad de las resoluciones de la Corte y la obligatoriedad de la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. El mismo día el Senado aprobaba las tres iniciativas restantes. El 25 de abril, Diputados aprobó en general y en particular los otros tres proyectos.

Perdida la pelea en el terreno político, se pasó al terreno judicial, adonde las fuerzas de oposición y diversos organismos apelaron para buscar frenar la reforma. El 18 de junio la Corte aprobó por seis votos contra uno la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.855, especialmente aquellos referidos a la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura.

Semejante controversia, que como se ve atravesó casi la mitad del año, justificó que terminara siendo el tema legislativo del año, que Semanario Parlamentario determina para su Indice de Calidad Legislativa a través del voto de los propios legisladores y periodismo especializado.

La elección fue mayoritaria: un 52% eligió a la reforma judicial como el tema legislativo más destacado del año, más de 30 puntos por encima del que fue el segundo, el blanqueo de capitales.

Esa iniciativa obtuvo el 19% de las menciones de la encuesta. Fue anunciada un mes después de la reforma judicial, el 7 de mayo, por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una conferencia de prensa en la que apareció acompañado por su viceministro Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, uno de los impulsores de la medida que tenía por objeto ingresar dólares a las arcas oficiales. Ese día se anunció el envío al Congreso de dos instrumentos de inversión para desviar los ahorros en dólares no declarados al sector energético y a la construcción, a través de un bono y un certificado. “La idea es transformar ahorros en nuevas inversiones”, explicó Lorenzino, en tanto que Kicilloff explicaba que “la poca confianza en la moneda ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares” y que la intención oficial era “encauzar (esos ahorros) hacia el activo más rentable de nuestra economía, que es la inversión en energía y en construcción”.

El proyecto fue convertido en ley el 29 de mayo por la Cámara de Diputados a partir de una mayoría ajustada.

El resultado del blanqueo estuvo lejos de satisfacer las expectativas. El tercer escalón de la encuesta realizada por Parlamentario también correspondió a un tema que se alejó de las perspectivas preanunciadas. Hablamos del acuerdo con Irán, que en la encuesta recogió un 8% de menciones, fundamentalmente por parte de la oposición, que recordaron las dificultades que esa propuesta acarreó para el oficialismo y las prevenciones expuestas por la oposición.

Esa propuesta fue anunciada por la presidenta de la Nación en su primera cadena nacional del año, el 7 de febrero. Ese día Cristina Fernández de Kirchner sorprendió anunciando el envío al Parlamento del memorando de entendimiento firmado con Irán para crear una comisión que interrogara a los acusados por el atentado a la AMIA. El mensaje estaba grabado y en el mismo Cristina defendió el accionar de su Gobierno y el de su esposo sobre la causa AMIA, y especialmente el acuerdo con Irán, afirmando que “conduce a destrabar la causa y empezar un camino para encontrar la verdad”.

El memorando fue ratificado por el Congreso en sesiones extraordinarias, el último día de febrero, con ajustadas mayorías en ambas cámaras, y contrastó con la premura impuesta por el oficialismo con la demora de Irán para hacer lo propio.

El tratamiento del Presupuesto suele figurar entre los temas más votados en todas estas encuestas. Sucedió también en 2013, aunque sumando apenas un 6% de las menciones. Tal vez por no estar muy fresco en la memoria de los legisladores, habida cuenta de que como nunca antes, el oficialismo contó con el Presupuesto aprobado el 9 de octubre. Ese día, el Senado logró la aprobación por 40 votos positivos y 27 en contra.

Un cinco por ciento de los encuestados eligió a la Ley de Fertilización Asistida como el tema más importante del año. Esa iniciativa fue aprobada en junio pasado.

El 10% restante se dividió en diversos temas. Mencionaron algunos la Ley de Bullying, aprobada finalmente en septiembre pasado. Otros en cambio fueron por el lado negativo, al señalar la falta de sesiones durante el año. En ese marco, un par de legisladores señalaron que lo más importante del año en materia legislativa sucedió fuera del Congreso, en el marco de las elecciones celebradas en agosto y octubre, que determinaron una nueva conformación legislativa para los próximos dos años. Complementariamente, hubo menciones a “la nueva conformación de las cámaras” como el dato más destacado del año.

Algunas menciones obtuvo el resarcimiento a ex presos políticos, convertido en ley finalmente en noviembre pasado, tras innumerables idas y vueltas.

Asimismo recibió menciones la aprobación de bienes suntuarios, por aquello de que las leyes más recientes son las más frescas en la memoria. En el mismo sentido también hubo varias menciones para el Digesto Jurídico, finalmente aprobado en la Cámara baja, aunque todavía debe pasar por el Senado para convertirse en ley.

Los temas votados

1°) Reforma Judicial 52%

2°) Blanqueo de capitales 19%

3°) Acuerdo con Irán 8%

4°) Presupuesto 6%

5°) Fertilización asistida 5%

Según pasan los años

2013 Reforma judicial

2012 Expropiación de YPF

2011 Aborto

2010 Matrimonio Igualitario

2009 Ley de Medios

2008 La resolución 125