Pedido de informes en la Cámara de Diputados bonaerense tras la agresión p erpetrada en las últimas horas contra el domicilio del presidente del club Los Andes.
El presidente del bloque de Diputados del FAP, Marcelo Díaz, denunció la complicidad entre los estados provincial y municipal con los barrabravas. “Queremos que se cruce la información de las listas de admisión de los clubes y las contravenciones y delitos conexos cometidos en el ámbito de la seguridad deportiva con las plantillas de empleados municipales”, aseguró.
Desde el bloque de Diputados del FAP vienen denunciando la relación “perversa y corrupta de las diferentes instancias del Estado, sobre todo los municipios, con todas las barras, principalmente las de las categorías de la B Nacional, la B Metropolitana, la C y otras categorías menores”, explicó el jefe de la bancada, Marcelo Díaz.
El diputado señaló que “estamos exigiendo formalmente que se crucen los datos de las listas de admisión de los clubes de fútbol y las contravenciones y delitos conexos cometidos en el ámbito de la seguridad deportiva, con las plantillas de empleados de los municipios. Porque no les basta con contratar a los violentos en las comunas, sino que además les dan jubilación y obra social”.
Es que según afirman desde el FAP, esta“relación perversa entre los barras y los varones del Conurbano está generando el terreno propicio para incluir en la trama mafiosa al narcotráfico, que tiene cada vez mayor inserción en los centros del Conurbano bonaerense”.
Díaz aseguró que “la situación es de una gravedad extrema, hoy es el caso del señor Oscar Ferreira, reciente renunciado a la presidencia del Club Los Andes, pero en el fondo están las bandas de barras que actúan como fuerzas de choques y que están generando un clima de terror. Hoy las investigaciones se cierran porque los fiscales tienen miedo y los testigos que declaran sufren atentados contra sus vidas”.
Por último el diputado exigió a los estados provincial y municipal “que dejen de mantener a estos delincuentes, porque esta violencia se combate sólo con decisión política y no con funcionarios cómplices y socios en estos delitos peligrosos”.
El proyecto, presentado hace 10 días en la Cámara baja, pide que se cruce información de los agentes de Organismos del Estado Provincial (IOMA e IPS) y/o Municipal con el Registro Público de Actuaciones Administrativas, a cargo de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) desde su creación y, con anterioridad, a cargo del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (COPROSEDE).
