– ¿En qué consiste el último proyecto de ley presentado por su bloque?

– Tiene dos columnas vertebrales, que son salario y jubilación por un lado, y prohibición de despidos y suspensiones por otro. En primer lugar, hay un aumento de tres mil pesos de emergencia para todos los trabajadores y jubilados. En segundo lugar, establece un mínimo, vital y móvil en nueve mil pesos, que está basado en la canasta de los trabajadores del Indec, que ha tomado todo el sindicalismo combativo, incluso la CTA y los sindicatos docentes combativos. En tercer lugar, se pretende que la jubilación mínima sea el 82 por ciento de ese salario mínimo. También hay un planteo de actualización por costo de vida, bajo control de las asociaciones sindicales, para que los futuros aumentos de futuras devaluaciones, tarifazos, flexibilización y demás –porque nadie garantiza que vaya a haber estabilidad este año- se vayan reflejando en el salario mínimo. Lógicamente que están las paritarias, pero se establece a través del Parlamento una compensación a la desvalorización histórica que hemos tenido los asalariados a partir de la megadevaluación monetaria de este gobierno. De manera que todo lineamiento económico que se discuta parta de no afectar el salario. Porque acá es lo contrario: las paritarias, como pretende el Gobierno, van a consagrar una pérdida histórica del poder adquisitivo del salario, y el 11,3 anunciado por la presidenta Cristina Fernández consagra que los jubilados paguen la factura del ajuste, del derrumbe de la política económica del Gobierno. El otro aspecto del proyecto es la prohibición, por dos años, de despidos y suspensiones para todo tipo de trabajador, sea efectivo, transitorio, contratado, tercerizado, de agencia, incluso el trabajador informal, y establece un mecanismo para su formalización y preservación de puestos de trabajo.

– Ustedes lo plantean como una medida de emergencia, pero ¿cómo se sostiene esta situación?

– Es un proyecto de emergencia que pretende defender, blindar a los trabajadores frente al ataque a las condiciones de vida que significa todo el paquete económico que está aplicando el Gobierno, que es un paquete de ajuste. Por supuesto que queremos discutir la deuda externa, energía, petróleo, queremos discutir los subsidios, las privatizaciones, los servicios públicos, pero el tema es defender el salario y los puestos de trabajo, entonces son dos proyectos que para nosotros son el punto de partida de un plan económico opuesto al del Gobierno, que beneficia a la mayoría de los trabajadores y no a los bancos y los exportadores.

– ¿Cómo ve las paritarias en esta coyuntura?

– Las paritarias plantean el tema de una lucha decidida, una huelga general del movimiento obrero. Que los Caló, los Moyano, los Gerardo Martínez, los Cavalieri o los Yasky vienen mirando para otro lado, es consecuencia de que están profundamente comprometidos con la salida “ajustadora”, tanto del Gobierno como de la oposición política. Nosotros el 12 de marzo vamos a estar en la Plaza de Mayo. Convocamos en común con la CTA de Pablo Micheli, y también reclamamos que las paritarias no sean menores al 35 por ciento.

– ¿Qué opina del pago a la petrolera Repsol?

– La brutal entrega a Repsol es un claro ejemplo del ajuste contra los salarios. Son diez mil millones de dólares, y algunos lo estiran hasta doce mil. Es una nueva deuda para los que vaciaron YPF, y no hay plata para los maestros. Es el contraste más brutal, que pinta la política del gabinete Kicillof-Capitanich y de la presidenta en esta etapa. Esto latrocinio contra las finanzas del pueblo argentino, cuando Kicillof había dicho que “no lo iba a pagar un centavo” a Repsol. Por eso pedimos la interpelación a Kicillof. Además, el Congreso va a ser extorsionado, porque primero lo debe aprobar el directorio de Repsol y más adelante pasará por el Congreso.