El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, criticó el rechazo de Sergio Massa al anteproyecto de reforma del Código Penal y advirtió que “nadie que pretenda ser presidente puede desconocer la Constitución”, en alusión a la consulta popular que planteó el massismo sobre este tema.

“Bloquear una iniciativa que todavía no se conoce significa entorpecer el proceso de consolidación de las instituciones democráticas, en particular del funcionamiento de la Justicia penal que reclama desde hace años esta reforma y priva a los ciudadanos comunes, y en particular a las víctimas de delitos, de contar con un instrumento normativo que garantice sus derechos y la seguridad jurídica”, enfatizó Domínguez.

Para el legislador oficialista, “es aún más grave involucrar a la sociedad para ese bloqueo con una consulta que contradice nuestra Carta Magna”.

“Nadie que pretenda ser presidente puede desconocer la Constitución nacional”, enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados en una nota publicada en Página 12.

Domínguez advirtió que por las múltiples reformas que se le hicieron “a la fecha, nuestro país carece de un Código Penal como texto ordenado, planteándose incongruencias dentro de su cuerpo tanto en la parte general como especial”, lo que “importa una grave afectación para la seguridad jurídica”.

“Sin que se conozca aún el texto final del proyecto, de manera oportunista, comenzaron a hacerse circular críticas que desconocen el texto constitucional y denotan una escasa versación técnica en la materia”, subrayó.

Además, rechazó el reclamo de Massa por una consulta a la ciudadanía, al indicar que “la Constitución nacional, en el último párrafo del artículo 39, quita del ámbito de la iniciativa popular los proyectos referidos a la materia penal”.

Domínguez señaló por otra parte que “el Código Penal no regula el instituto de la excarcelación, materia asignada a la legislación procesal penal que dicta cada jurisdicción”.

“Por ende, la referencia a que la iniciativa de reforma atenúe la prisión preventiva es errónea. Los institutos como la prisión perpetua, la peligrosidad y la reincidencia deben ser evaluados a la luz de los principios constitucionales y los compromisos internacionales suscriptos por nuestro país en materia de derechos humanos”, agregó.

Y advirtió que “las inconsistencias de que en estas materias adolece nuestra ley penal han llevado a que el país resulte demandado ante los organismos competentes que velan por la vigencia de los derechos humanos a nivel continental”.