Con la intención que las asociaciones de consumidores y usuarios puedan representar legítimamente a un grupo de personas, que hayan sufrido violaciones a sus derechos de incidencia colectiva, ante las autoridades competentes (Dirección de Comercio, entes reguladores y/o juez competente), la diputada de la Nación Alicia Comelli presentó un proyecto para modificar la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, haciéndose eco de un reclamo de larga data de esas organizaciones y citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De ser aprobado el proyecto, las asociaciones verán satisfechos sus reclamos y simplificada su tarea ya que en la actualidad sólo pueden representar a cada uno de sus asociados por separado aunque tengan miles de abusos y violaciones idénticas contra las mismas empresas, como ocurre con la telefonía celular y fija, hipermercados y concesionarias de autos, entre otros ítems que encabezan los rankings en la materia.

Para Comelli, “el hecho de que se haya consolidado una jurisprudencia en la materia a partir de la expresión de la Corte Suprema, justifica acabadamente la necesidad de modificar la legislación vigente para ampliar la tutela de usuarios y consumidores”. Además dijo que “máxime si tenemos en cuenta, que se siguen suscitando conflictos jurisdiccionales –actualmente en trámite ante el máximo tribunal- por la falta de reconocimiento de la legitimación procesal de las asociaciones referidas para intervenir en la defensa de intereses individuales de incidencia colectiva”.

La legisladora mencionó en su proyecto dos casos de la Corte que sientan el suficiente precedente. En uno de ellos, el máximo tribunal de la Nación reconoció legitimación activa a una asociación de consumidores en su reclamo, para que se declarara la ineficacia de las cláusulas contenidas en el contrato tipo de una empresa de medicina prepaga, en cuanto contemplan el derecho de aquélla a modificar unilateralmente las cuotas mensuales y los beneficios de los planes que ofrece, la exime de responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la impericia, culpa, dolo, imprudencia o negligencia de sus prestadores, así como de responsabilidad por la suspensión de servicios. En el otro, sostuvo que “de no reconocer legitimación procesal a la actora, se vulneraría claramente el acceso a la justicia”.

Por lo tanto, Comelli propone ahora la modificación del artículo 52 bis de la mencionada norma que quedaría redactado de la siguiente manera: Las Asociaciones de usuarios y consumidores podrán promover acciones judiciales tendientes a tutelar derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos cuando se verifique la existencia de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual de las mismas no aparece plenamente justificado”. Y agregó otro artículo de procedimiento pero dado el reclamo del sector interesado y la jurisprudencia existente, Comelli consideró muy probable que sea tratado a la brevedad.