La senadora nacional Sandra Giménez presentó en el Senado de la Nación dos proyectos de ley con la intención de atender a las necesidades de los pequeños productores forestales. Uno de ellos busca modificar el artículo 17 de la ley 25.080 para priorizar a estos productores incluyéndolos en la letra de ley. Así, las personas físicas o jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación y que cuenten con pequeñas extensiones de tierras, podrán recibir el apoyo económico no reintegrable “para cuya asignación se priorizará a los pequeños productores”.

La representante de Misiiones sostiene que “el apoyo institucional no puede detenerse cuando el contexto internacional es adverso, profundizando las fluctuaciones de la actividad sino que debe sostenerse para dar estabilidad y previsibilidad. En estos años, el desarrollo forestal se ha beneficiado del régimen de promoción de la actividad, pero recientemente la ejecución presupuestaria en el caso de los pequeños productores ha disminuido significativamente por cuestiones relacionadas con la gestión operativa del plan, lo que provocó la acumulación de planes que no recibieron el aporte correspondiente que en el caso de la provincia de Misiones alcanza a un atraso de $ 20 millones”.

Según consta en los fundamentos del proyecto, las dificultades burocráticas afecta a los pequeños productores para incorporar tierras a la producción forestal, disminuyendo el potencial de desarrollo de la provincia que de cada 1 mil hectáreas forestadas, que crea 500 puestos de trabajo, moviliza más de $ 10 millones en la economía de Misiones.

El espíritu del proyecto es corregir la tendencia que se comenzó a ver en el régimen de promoción forestal y, de manera complementaria, resaltar que los pequeños productores forestales son importantes dinamizadores de la economía y emplean gran cantidad de mano de obra.

Sandra Giménez consideró que los aportes no reintegrables a los pequeños productores forestales, de manera oportuna, son fundamentales para el desarrollo equitativo del sector y, sobre todo, para cumplir con el espíritu del régimen de promoción plasmado en la ley 25.080. Aún, si esto implicara una readecuación normativa que tienda agilizar los procesos operativos existentes para la certificación y la liquidación de los planes considerando la realidad de cada jurisdicción provincial.

De acuerdo con la experiencia acumulada, la senadora considera que “el éxito del período remanente del régimen de promoción de la inversión en el desarrollo de bosques cultivados depende de priorizar a los pequeños productores y atender a su realidad específica. Un desarrollo equitativo y justo requiere de atender a la realidad de los productores de menor superficie que han confiado en el régimen”.

El segundo proyecto busca eximir al consumo de combustible del sector forestal del impuesto a los combustibles líquidos establecido por la Ley 23.966 con el objetivo de promover la actividad forestal en la República Argentina. Para ello, define como “Combustible Especial para el Sector Forestal: Toda mezcla de hidrocarburos intermedios utilizado en unidades económicas dedicadas a la producción forestal en cualquier eslabón de la cadena, desde la producción primaria hasta la industrialización”.

Este sector es responsable de 1% del PBI nacional y de 1,5% del total de las exportaciones argentinas generando divisas por un valor en torno a US$ 1.000 millones por año, de ese total casi un tercio proviene de Misiones donde el sector forestal emplea en forma directa a más de 70 mil trabajadores.