Hace menos de tres años que en la Ciudad de Buenos Aires se eligen autoridades vecinales. Bajo la promesa de la “descentralización” se crearon las Juntas Comunales, pero, actualmente, ¿Son totalmente descentralizadas? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué funciones tienen?
Por Gonzalo Palese
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó en 1996 que la Capital del país debería, para el 2001, estar dividida en diferentes comunas para así lograr no depender de manera total de la administración central y estar más próximas a la comunidad. Sin embargo, el compromiso asumido para antes de la fecha límite no se cumplió.
Pasó el tiempo y la Ley de Comunas recién pudo ser aprobada en general por el Parlamento porteño a fines del 2004. Casi un año después, en septiembre del 2005, se sancionó de forma particular cada artículo de la Ley N° 1.777 y se oficializó la creación de 15 comunas a lo largo de todo el distrito, que son las que aún están vigentes. Además, los legisladores se comprometieron a que antes del 31 de diciembre de 2006 se establecería la fecha para la primera elección de comuneros.
El trajinar de esta iniciativa fue extremadamente complejo desde el comienzo. En la Legislatura de la Ciudad costó mucho encontrar consensos entre oficialistas y opositores para encontrar un texto que tenga el visto bueno de la mayoría. Vale aclarar que es un proyecto que requiere 40 votos por lo que su sanción fue aún más compleja.
Por otro lado, ningún jefe de Gobierno quiso aplicarla; ni Aníbal Ibarra, ni Jorge Telerman, ni Mauricio Macri. Lo cierto es que, cada uno a su momento, temía perder fuerza en algunos barrios. Se sabe que la demora en la aplicación tuvo que ver con la puja por el reparto de poder que implica la descentralización política y administrativa del distrito.
Hubo que esperar al 2009 y a la Justicia para conocer con exactitud cuándo se votaría por primera vez a las autoridades comunales. En octubre de ese año el Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal ordenó el cumplimiento de la ley, y la Legislatura debió sesionar para fijar por fin una fecha de elección.
Con 31 votos obtenidos entre el Pro y algunos opositores, se resolvió que los comicios en los que se elegirían los miembros de las Juntas Comunales por primera vez serían en julio de 2011. Pero la historia difícil y sinuosa de las comunas continúa, ya que en septiembre de ese mismo año, y para sorpresa de las autoridades recientemente electas, el Gobierno de la Ciudad, por medio del decreto 376/2011, autorizó la formación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), en lo que se vio como un intento de quitarle poder a las nuevas Juntas Comunales.
Desde la oposición vieron esto como una jugada para disminuir el rol de los comuneros y afirmaban que la creación de las UAC violaba la ley orgánica de comunas. También, sostenían que era la resucitación de los Centros de Gestión y Participación, el antecedente de las Juntas Comunales.
Pero, por el oficialismo, el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiaveli, defendía la iniciativa y aseguraba que “no hay intromisión en las competencias que la ley asigna a las comunas dado que se trata de los servicios descentralizados, tales como trámites de Defensa del Consumidor, Infracciones, Licencias de conducir, registro de reincidencias, rentas y tesorería, algunos de ellos con alta estima entre los vecinos”.
Este conflicto, nuevamente, lo destrabó la Justicia y la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad dictaminó que la medida impulsada por Mauricio Macri contradecía la Ley de Comunas.
Hoy por hoy, cada una de las quince comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está compuesta por una Junta Comunal que está integrada por un presidente y seis comuneros que tienen cuatro años de mandato. Todos son elegidos por medio del voto de los vecinos.
El objetivo de las comunas es facilitar la desconcentración de funciones del Gobierno de la Ciudad e impulsar la participación de los vecinos, para mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones y para implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas. Tienen capacidad para administrar ciertos temas pero en la mayoría de los casos trabajan en forma concurrente con el Ejecutivo.
La juventud de las Juntas Comunales queda evidenciada por los menos en tres años que tienen desde que se pusieron en práctica. La idea de enfrentarse a “algo nuevo” no sólo fue sentida por las autoridades comunales electas, sino también por sus electores: los vecinos porteños.
“Tuvimos que construir de alguna forma un concepto nuevo de gobernar y esto implicó muchas cuestiones burocráticas y jurídicas”, afirma la legisladora del Pro y ex integrante de la Junta Comunal N°13 (Nuñez – Belgrano“ Colegiales) Victoria Roldán Méndez.
La incertidumbre en cuanto al funcionamiento y a la capacidad de gestión de las Comunas se fue despejando mediante una lectura puntillosa de la ley. Según Roldán Méndez “tuvimos que empezar a entender la ley porque escrita es de una forma, pero cuando la tenés que aplicar empiezan a surgir un montón de baches y un montón de cuestiones que por ahí no están todas interpretadas o incluidas dentro de la ley”.
Actualmente, siguiendo las palabras de la legisladora que responde al secretario de Gobierno porteño, Marcos Peña, la descentralización llegó a un límite. Ya se superó la etapa de conocimiento y todo comunero sabe qué puede y qué no puede hacer.
La función
“La situación hoy de las comunas se encuentra en que el proceso de descentralización ya está casi todo completo, hoy las comunas tienen bacheo, arbolado, vereda y están empezando con procesos de licitación”, advierte esperanzada.
Pero existen algunas cuestiones que ni el presidente de la comuna, ni los otros seis miembros pueden resolver y es así cuando recurren al Ejecutivo central para destrabar conflictos o encontrar soluciones a reclamos vecinales.
“Hay cosas que no podemos resolver directamente, pero, para eso, nos sentamos con el vecino, le explicamos la situación y nos comunicamos con quien se encarga de eso”, explica Roldán Méndez.
Y menciona un ejemplo claro: “En una queja de un vecino por la instalación de un contenedor de basura en la puerta de su casa no podes darle respuesta inmediata, tenés que comunicarte con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público”.
Es decir, el marco de acción está bien determinado y, además, a veces exceder el rol supone complicaciones. En ocasiones de catástrofes naturales, como pueden ser las inundaciones, la capacidad de acción de los comuneros es muy estrecha.
No por una cuestión de voluntad, sino porque no poseen las facultades para socorrer o trabajar como personal rescatista, por ejemplo.
“En el ejemplo de mí comuna, con el tema de las inundaciones, hablamos con Defensa Civil y nos íbamos dividiendo en los distintos puntos que sabíamos que se inundaba y que los mismos vecinos nos iban llamando”, asevera Roldán Méndez y agrega que “la ayuda específica en cuanto a traslado de gente que estaba en shock, por ejemplo, se encarga Defensa Civil porque nosotros no tenemos el equipo técnico para hacer ese tipo de tareas”.
“Además, sabemos hasta dónde colaborar porque a veces es más lo que obstruís que lo que ayudas si te metes en su trabajo”, aclara la joven legisladora.
Para la titular de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, María Rosa Muiños, hubo “un avance cuando se hizo efectiva la ley” pero “las comunas aún no están empoderadas”.
La legisladora porteña del Frente para la Victoria concuerda con su colega del Pro acerca de la idea de que al principio el nacimiento de las comunas fue desconcertante, incluso para los vecinos. Sin embargo, asegura que hoy por hoy se sabe que existe la comuna “pero no se la ve como una cosa positiva, sino como algo que resta” y se piensa que “son más funcionarios que mantener”.
“De alguna manera, esto no está tan alejado de la realidad, porque en la medida que el Gobierno central no transfiera las obligaciones y las partidas presupuestarias que esas obligaciones conllevan a la comuna, se hace difícil este tema de la administración del gobierno comunal”, cuestiona Muiños.
Además, cree que a ningún Gobierno le gusta descentralizar porque “la descentralización es pérdida de control o de poder” pero explica que debe darse “un cambio cultural” porque “somos cada vez más, el territorio es muy extenso y las necesidades son muy variadas”.
Roldán Méndez entiende que la capacidad de funcionamiento de las comunas alcanzó un tope y que “lo que debería mejorarse es la interrelación y correlación entre los comuneros y el Ejecutivo” porque “ya está todo dado y especificado por la ley”. “Me parece que sólo habría que apuntalar ese tema”, puntualiza.
A contramano de los dichos de una de las vocales de la Comisión que preside, la diputada kirchnerista cree que “esto recién empieza”.
“No estamos acostumbrados a este tipo de descentralización ya que hoy todavía no existe la participación plena. No hay medios de participación plena, hay que generar otros medios de participación”, evalúa Muiños.
Actualmente, el rol de los comuneros se ajusta a un conjunto determinado de acciones que están enmarcadas en la Ley Orgánica de Comunas, pero lo cierto es que la estructura y el funcionamiento de las Juntas Comunales han sufrido grandes golpes por parte del Ejecutivo que demuestran que el interés por generar un gobierno descentralizado es escueto.
Como prueba de esto, la fallida instalación por decreto de las UAC. Aunque el hecho más significativo es quizás el proyecto presentado el año pasado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que buscaba reducir, entre otras cosas, el personal de las comunas. La propuesta era descabezar las instituciones, únicamente mantener a los presidentes de las mismas, y el resto de los miembros pasarían a trabajar ad honorem.
La reforma a la Ley N° 1777 ocasionó grandes problemas para el Pro y toda la oposición se pronunciaron en contra desde el minuto cero. Como si fuera poco, la anterior presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, en momentos en que se estaba discutiendo una posible iniciativa sobre presupuesto participativo, estalló cuando se enteró de la intención de su jefe político.
A todo esto, fuentes parlamentarias comentaron a Parlamentario que tanto el jefe de Gobierno como el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana preferirían, realmente, que las comunas no existiesen.
