El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de declaración en donde manifiesta su “enérgico repudio y preocupación frente a intentos puntuales de hacer ‘justicia por mano propia’ por hechos de inseguridad que tomaron estado público los últimos días, ratificando la voluntad mayoritaria de la comunidad de respetar las vías institucionales, la legalidad y el Estado de Derecho”.

La iniciativa fue presentada por el senador Patricio García, y contó con el acompañamiento de la presidenta de bloque oficialista, Cristina Fioramonti, y el senador Alberto De Fazio.

“En este proyecto manifestamos el más enérgico repudio y preocupación de este Senado, frente a algunos intentos puntuales de hacer justicia por mano propia por parte de vecinos de distintas localidades, por hechos de inseguridad, específicamente por intentos de robos y hurtos en la vía pública” explicó García.

Asimismo, el legislador del Fpv/Pj condenó los hechos de violencia y opinó que “este proceder es repudiable desde todo punto de vista, ya que nos retrotrae a estadíos previos a la civilización, en los cuales la manera de reestablecer el equilibrio frente a las afrentas recibidas era la venganza individual, privada”.

“Uno de estos hechos de “justicia por mano propia”, en la ciudad de Rosario, ha tenido como resultado la muerte a golpes de una persona indefensa, reducida e imposibilitada de defenderse o huir. Sin perjuicio de las condiciones personales de la víctima, de si había intentado robar o no, quienes han ocasionado su deceso producto de los golpes que le aplicaron se han transformado en un peligro infinitamente mayor que el que intentaron evitar”, remarcó el senador.

Por su parte, la titular del bloque peronista, Cristina Fioramonti manifestó que “confiamos en las vías institucionales, confiamos en el Estado de Derecho, del que como representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires también somos custodios. Le ha costado décadas de dolor a nuestro país recuperar su vida constitucional, de respeto de las instituciones y la voluntad popular, y de vigencia plena del Estado de Derecho”. Al tiempo que subrayó que “sin perjuicio de las políticas públicas que deban considerarse y aplicarse con la mayor efectividad para la prevención y el conjuramiento del delito, mediante medidas de integración social, acciones policiales y judiciales oportunas, es necesario repudiar estos actos de violencia criminal sin ambigüedades”.