El Frente para la Victoria presentó un proyecto encabezado por Héctor Recalde que pretende que el Congreso aporte información a la Justicia por la apropiación ilegal de empresas durante el proceso.
El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados impulsó este lunes un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura, a raíz de la apropiación ilegal de empresas.
La iniciativa fue presentada este lunes en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y el diputado nacional Héctor Recalde.
“Muchas veces hemos hablado del tema, pero faltaba este paso”, reconoció Domínguez al abrir el encuentro, y agregó que “todavía cuesta entender cómo los cómplices se manejan con una impunidad que sorprende”.
El titular de Diputados advirtió que “los grupos no están desarmados” y que “operan con amenazas de todo tipo, aún después de 30 años de democracia”.
Además, precisó que en la última dictadura fueron apropiadas ilegítimamente “604 empresas” y remarcó que este tema “no forma parte de la agenda de los intereses corporativos”.
Verbitsky hizo un repaso histórico y recordó que el juicio a las Juntas Militares, en 1985, sirvió para “impedir que las Fuerzas Armadas volvieran a concluir un período democrático con un nuevo golpe de Estado”, pero indicó que eso “no alcanzó para avanzar sobre el resto de las responsabilidades”, aunque aclaró que ya la CONADEP había “pasado revista a las complicidades económicas”.
En tanto, Vanoli destacó que la propuesta de Recalde es “un aporte esencial para la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia”, y consideró que “están maduras las circunstancias para poder avanzar con ese proyecto”.
El presidente de la CNV puso como ejemplo la apropiación de Papel Prensa y recordó que su entidad fue una de las que contribuyó al famoso informe que luego derivó en una denuncia penal.
“Hay una creciente conciencia de que las responsabilidades civiles y los delitos económicos están claramente vinculados con los delitos de lesa humanidad”, dijo.
Por último, Recalde –presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo- denunció la “transferencia de recursos de los trabajadores a empresarios” en busca de “un rédito económico” y mencionó también la serie de secuestros a abogados laboralistas conocida como la Noche de las Corbatas.
Por otra parte, aclaró que la bicameral que crea el proyecto “no va a buscar a nadie”, sino que “va a buscar información” que podría ser puesta a disposición de la Justicia. “Estamos buscando que se cumplan los principios republicanos. Hay que evitar que haya amnesia e impunidad”, concluyó.
Participaron del evento los diputados del Frente para la Victoria Carolina Scotto, Andrea García, Horacio Pietragalla, Adela Segarra, Liliana Mazure, Verónica Magario, Remo Carlotto, Fernando Marcópulos, Josué Gagliardi, Nanci Parrilli, Mónica Contrera y Gastón Harispe.
También estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el abogado de familiares de desaparecidos en la exESMA, Pablo Llonto; la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, y el director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Duhalde, entre otros.
El proyecto
Con el objetivo de asegurar la “búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”, la comisión impulsada por el oficialismo tendría que elaborar un informe sobre las “consecuencias” de la política económica de del gobierno de facto entre 1976 y 1983 e “identificar” a los actores civiles que “contribuyeron o se beneficiaron” de la dictadura.
De acuerdo al proyecto, “la comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia.
En tal sentido, la comisión debería “instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder”.
En caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, la bicameral debería formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Por otro lado, el proyecto establece la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el ámbito del Congreso, que tendría por finalidad la puesta a disposición gratuita del público en general de los documentos relacionados con los objetivos perseguidos por la última dictadura y sus complicidades económicas.
