Por iniciativa del radicalismo, la Cámara alta aprobó un proyecto en este sentido, y otro para resolver la “crisis edilicia” en la región, sobre todo en Salta y Jujuy.
Luego de aprobar el traspaso de la exESMA a la órbita del Estado Nacional, el Senado avaló un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a “hacer frente a la crisis judicial” en el Noroeste Argentino (NOA), a través de la cobertura de vacantes existentes desde 2008 en distintos juzgados.
El proyecto, impulsado por el jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, se focaliza en las provincias de Salta y Jujuy, donde una delegación de legisladores radicales viajó para inspeccionar la situación de la frontera por el drama del narcotráfico.
También se solicitan medidas para atender la “crisis edilicia” en relación a la construcción del Edificio Federal Único en las capitales de ambas provincias; la creación de Gabinetes y Archivo General y la habilitación de un edificio en Libertador General San Martín.
Asimismo, el texto exige la construcción del Edificio para el Juzgado de Tartagal; la creación del gabinete criminológico y de dos centros de rehabilitación y tratamiento con internación en dichas provincias para “mejorar el servicio de justicia en la zona”.
Morales explicó en los fundamentos que “la Cámara Federal de Salta tiene jurisdicción en la extensa frontera con Chile, Bolivia y Paraguay, extensión en la que no existen obstáculos naturales de deslinde, lo que constituye un factor que facilita la comisión de diversos delitos por esas zonas”.
“En la frontera existen pasos habilitados y, consecuentemente, controlados por las fuerzas de seguridad, así como pasos que no han sido habilitados como tales y que en la clandestinidad sirven especialmente para el tráfico de estupefacientes y contrabando en general”, alertó el jujeño.
