El Frente Renovador ya dio curso dentro de la Legislatura a un proyecto de ley para que se declare la Emergencia en Seguridad en la provincia y que se financie, en un 60%, con los recursos destinados a Publicidad y Propaganda de distintas carteras de la administración pública.
Decidido a que la declaración de emergencia en seguridad en la provincia sea ley, el Frente Renovador ya dio curso a un proyecto que avala los anuncios pero que toca a la Gobernación en uno de sus costados más sensibles: propone que la fuente de financiamiento surja de los recursos destinados a Publicidad y Propaganda.
Se trata de la misma iniciativa que tuvo despacho favorable en la Comisión de Seguridad del Senado, en una sesión realizada en Mar del Plata, a la que no concurrieron los kirchneristas, pero sí lo hizo el presidente de la bancada radical, Carlos Fernández, que así habilitó el quórum, aunque no acompañó a los massistas en el despacho.
De esta manera, la Comisión de Seguridad, presidida por el massista Baldomero Álvarez de Olivera, dio despacho favorable al proyecto que declara la “Emergencia en materia de Seguridad en todo el territorio de la provincia” y por el mismo término que lo anunció el gobernador Daniel Scioli: doce meses.
En concreto, la propuesta autoriza al gobernador bonaerense a realizar las “adecuaciones presupuestarias correspondientes” en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de 2014, pero también le exige que la Emergencia en Seguridad se financie en un 60% con las partidas destinadas a Publicidad de distintas áreas.
Particularmente, afecta las partidas de la Secretaría General de la Gobernación, Jefatura Gabinete de Ministros, Ministerio de la Producción, Ministerio de Asuntos Agrarios, Ministerio de Infraestructura, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Comisión de Investigaciones Científicas, Ente Administrador Astillero Rio Santiago, Coparticipación Fomento del Valle Bonaerense Rio Colorado, Organismo de Control de Energía Eléctrica , Organismo de Control del Agua, Autoridad del Agua, Universidad Provincial del Sudoeste, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de Policía, Instituto Previsión Social, Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Instituto Obra Medico Asistencial, y Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, el massismo propone que el cincuenta por ciento (50%) resultante de la afectación de estas partidas se distribuya entre los municipios, según el régimen de coparticipación, basado en el Coeficiente Único de Distribución.
Y especifica que los recursos que lleguen a los municipios de esta forma debe usarse para “la implementación e instrumentación de servicios de prevención de delitos, la adquisición de equipos tecnológicos y de comunicaciones, de rodados y movilidad, insumos materiales y afines para atender servicios de seguridad”.
Si bien es cierto que desde el massismo no aceptan del todo que el mandatario provincial se haya llevado todo el crédito al dictar la medida por decreto, en un campo que el propio espacio utilizó como caballo de batalla en las elecciones y en los últimos meses, aclaran que hay cuestiones técnicas para demandar una ley al respecto.
En primer lugar, señalan que el Gobernador no tiene las mismas facultades que el Poder Ejecutivo Nacional para firmar decretos, en ese caso de necesidad y urgencia. Con ese argumento mediante, exigen que la iniciativa pase por la Legislatura.
Por otro lado, apuntan hacia el control. Se sabe que la declaración de emergencia prevé que se eviten varios controles, con el fin de ganar “más tiempo” para la adopción de medidas rápidas al momento de invertir los recursos.
El secretario general de la Gobernación, Martín Ferré, descartó que se aproveche la Emergencia para un uso “discrecional” de recursos y apuntó que siguen vigentes los controles de Contaduría de la Provincia, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
No obstante, para el Frente Renovador esos controles pueden demorarse en el tiempo y buscan garantizar un seguimiento más ágil en el tiempo. En virtud de eso el proyecto plantea la creación de una Comisión Bicameral de Emergencia de Seguridad, integrada por cinco senadores y cinco diputados, según la representación proporcional de las fuerzas políticas.
Aun así, la disposición más sensible del proyecto es la afectación de las partidas de Publicidad y Propaganda de distintas carteras de la administración pública provincial, una vieja demanda al sciolismo, al que le achacan un gasto “excesivo” en ese ítem, algo que, como contraparte, desde el entorno del gobernador, rechazan abiertamente.
