Durante la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se analizó el expediente correspondiente al programa “Agua + Trabajo”, en el que se auditó la transferencia de fondos por 551 millones de pesos a municipios para financiar obras saneamiento hídrico y en el cual se detectó que, entre otras falencias, el municipio de City Bell destinó parte de ese dinero a la instalación de cloacas de un barrio privado. En ese marco, el diputado Manuel Garrido, el senador Gerardo Morales y el vicepresidente de la Comisión, Enrique Vaquié, solicitaron que “no solo se pida un informe al Poder Ejecutivo, sino que también se determinen las responsabilidades por el desvío de fondos”.

Al respecto, el presidente de la comisión, el senador Pablo González (FpV), indicó que, desde la mayoría, preferían un acercamiento menos confrontativo y así esperar la respuesta del Ejecutivo Nacional antes de avanzar sobre los posibles responsables.

Los radicales advirtieron que “los subsidios estatales no deben destinarse a las cloacas de los barrios privados”. El radical Garrido pidió que se estableciera un mecanismo de seguimiento de los pedidos de informes al Ejecutivo y sus respuestas, para poder dar continuidad a los expedientes, a lo que el senador González acordó.

Garrido consideró que su experiencia como fiscal le indica que “este tipo de trámites se demoran indefinidamente sin que se establezcan responsabilidades” y que considera que “la Comisión Mixta Revisora de Cuentas debe hacer un seguimiento más activo para evitar la impunidad de estas demoras”.