En un acto presidido por el legislador Ritondo y el senador provincial D’ Onofrio, el massismo y el macrismo debatieron sobre la iniciativas que buscan vedar la actividad de los cuidacoches.
El diputado porteño del Pro y vicepresidente 1° de la Legislatura, Cristian Ritondo, y el senador provincial del Frente Renovador Jorge D'Onofrio, participaron este martes de un debate en el Parlamento porteño sobre el proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios en el distrito.
El evento se llevo a cabo en el Salón Presidente Perón de la Legislatura y contó con la participación de los legisladores del Pro Roberto Quattromano, Francisco Quintana, Helio Rebot, y el abogado y diputado provincial de UDESO Mauricio D’alessandro.
También, estuvieron presentes los diputados porteños del Pro Victoria Roldán Méndez, Carmen Polledo, Daniel Presti, María Raquel Herrero, Agustín Forchieri, Gabriela Seijo, Lía Rueda, Paula Villalba y Héctor Huici.
A su vez, asistieron representantes de las Juntas Comunales, de Asociaciones Vecinales, y el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez.
Ritondo fue quien primero tomó la palabra para introducir el acto y agradeció a los presentes por “querer discutir una problemática que está presente tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero”.
A modo de ejemplo, recordó el recital de la artista Violeta del último fin de semana en la Capital Federal, donde, según indicó el legislador, “los mal llamados cuidacoches querían cobrar una tarifa de acuerdo a las cuadras de distancia entre el auto y el show”.
A todo esto, manifestó su “esperanza” de que el Cuerpo Parlamentario actual pueda sancionar una normativa para prohibir la actividad en cuestión que actualmente está vedada pero “la carga cae sobre el ciudadano que es quien tiene que iniciar la denuncia y conseguir testigos” para comprobar un hecho de estas características. “Es imposible”, enfatizó.
Por otra parte, el vicepresidente de la Legislatura de la Ciudad sostuvo que dialogó con el titular del Ministerio Público Fiscal y ex diputado porteño del Pro, Martín Ocampo, para lograr que “nadie en la calle cobre por estacionar en la vía pública salvo quienes estén autorizados, como algunas personas que son autorizadas por el Estado”.
Con esto último, Ritondo hizo alusión a dos puntos distintos que contempla el proyecto presentado junto a su compañero Quattromano. Por un lado, a uno de los objetivos centrales marcados en el expediente, que es darle las herramientas a la Justicia y a las fuerzas de seguridad para que puedan avanzar en la prohibición de los cuidacoches, y, por otro, a seguir aceptando a las personas que están autorizadas a realizar esa práctica en barrios como Liniers o Caballito.
“El orden hace al desarrollo de las ciudades, las hace crecer. Queremos volver a lanzar este proyecto con el compromiso de que sea debatido y salga de un gran debate”, culminó el diputado porteño.
Por su parte, el senador provincial del Frente Renovador Jorge D’ Onofrio marcó que al macrismo y al massismo los une “tratar las cuestiones comunes como el transporte, el espacio público y la salud” y felicitó a los presentes “por el trabajo mancomunado”.
Al comenzar su alocución, D´Onofrio advirtió que “el derecho de uno no puedo avasallar el de otro” y que “si permitimos esto, reconocemos una ausencia del Estado”.
Además, llamó a “transparentar y sincerar el debate” en torno a los trapitos, para “no caer en chicanas”. En esa línea, pidió exteriorizar la discusión sobre cuidacoches y limpiavidrios y que la iniciativa pase por las dos legislaturas.
“Invito a llevar el debate afuera. Si algo está cambiando en la política es que los debates se están dando afuera, con la gente”, concluyó.
El diputado provincial Mauricio D’ Alessandro calificó al proyecto como “bueno” porque “permite acelerar el manejo y la respuesta de la Justicia”. A su vez, confirmó y se comprometió a “trasladar este buen proyecto a la provincia de Buenos Aires”.
La iniciativa conjunta de Ritondo y Quattromano explica que quien realice alguno de esas dos tareas sin autorización legal a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública deberá ser sancionado con uno a cinco días de arresto con multa de doscientos a dos mil pesos.
Y, en caso de que exista previa coordinación, la sanción se eleva al doble para quienes “de cualquier modo” participen de la misma y se eleva al triple para los organizadores o jefes de la organización.
Este proyecto busca la prohibición total de sendas actividades, distinto es el que impulsa el Frente para la Victoria que propone regularizarlas y establecer un registro para “separar” grupos organizados de quienes simplemente lo hacen como medio de vida, algo que el oficialismo porteño ya desestimó desde el principio.
