El Tribunal Supremo quedará con seis miembros, pero según la ley, debe reducirse a cinco. Por eso no se considerará vacante el lugar dejado por la magistrada fallecida este sábado.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.
Pese a las seis vacantes generadas en el marco de la embestida kirchnerista para desarmar lo que se definió como “la Corte adicta”, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.
El Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 actuales.
El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a 9, fijándola en 5. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los actuales 7 integrantes permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro sean cinco, la mayoría será suficiente con tres votos.
