Junto a un grupo de legisladores de la oposición, los padres de las víctimas del derrumbe de ese boliche expresaron su rechazo a la postulación del ex Director de Habilitaciones porteño.
Los padres de las víctimas del derrumbe del boliche Beara, Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, brindaron este mediodía una conferencia de prensa en la que cuestionaron el pliego que pretende designar juez a Martín Diego Farrell, quien ocupaba un importante cargo de control al momento de esa tragedia ocurrida en el barrio de Palermo en el año 2010.
Sucede que Farrel era Director de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control, cuando se derrumbó el entrepiso del local Beara Lounge Bar, que estaba habilitado como bar y restaurant pero también funcionaba como disco en donde se realizaban recitales.
Durante la conferencia, que se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad y contó con la presencia de la mayoría de los bloques opositores que conforman el Cuerpo Legislativo, los familiares solicitaron la modificación del cronograma que debe seguir el pliego desde su llegada a la Legislatura.
En este sentido, la legisladora del Frente para la Victoria y miembro de la Junta de Ética, María Rosa Muiños, informó que “la modificación del cronograma se torna de suma importancia porque, si siguen vigentes los plazos actuales, no alcanzarán los tiempos para que el expediente llegue a ser tratado en Sesión ordinaria, ya que vencerían los 60 días que este tiene para ponerse en consideración desde su arribo a la Legislatura”.
De ser así, el ex Director de Habilitaciones asumiría como juez porteño directamente, sin ser sometido a la discusión del Parlamento.
“Esto devendría en una situación preocupante porque Farrell está imputado en el caso Beara, donde murieron dos chicas y hubo más de 20 lesionados, causa por la que hoy debería haberse presentado a declarar ante la jueza penal de instrucción, Alicia Iermini”, evaluó Muiños.
Actualmente, el pliego de Farrel está ingresado en la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control que analiza los pliegos y propuestas recibidas. Pero, como señaló Muiños, debe tener el visto bueno de los legisladores del Parlamento, aunque si pasan 60 días luego de presentada la propuesta para ocupar el cargo judicial, automáticamente queda validada.
Estuvieron presentes los legisladores Jorge Aragón, Claudia Neira, Gabriela Alegre, Paula Penacca, Jorge Taiana y María Rachid (FpV); José Campagnoli (Nuevo Encuentro); Pablo Ferreyra (Izquierda Popular); Claudio Palmeyro (Sindical Peronista); Marcelo Ramal (FIT); Gustavo Vera (Verde Alameda); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Virginia González Gass (PSA).
