Fue como revivir los tiempos previos a la fallida reforma judicial, cuando el gobierno preparaba el camino enojándose con los jueces por contradecir con sus fallos sus decisiones ejecutivas. El jefe del bloque oficialista del Senado, Miguel Pichetto, sonó el viernes como en su momento Cristina, al advertir que “se viene el gobierno de los jueces”. Se refería puntualmente al fallo de la Cámara Federal que decretó la inconstitucionalidad del memorando de entendimiento con Irán. Pero resumía el fastidio oficial luego de una semana de sucesivos reveces judiciales para el kirchnerismo.

En efecto, luego de que el fin de semana la Corte Suprema quedara reducida a seis miembros por el fallecimiento de Carmen Argibay, y comenzaran a circular versiones referidas a un supuesto interés oficial por reemplazar con incondicionales eventuales vacantes en el Tribunal Supremo, llegaron las pálidas para el kirchnerismo en materia judicial.

El gobierno arrancó con el pie izquierdo el martes 13, cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña resolvió anular el dictamen que había desestimado una denuncia contra la Presidenta por la firma del decreto que selló el acuerdo de YPF con Chevron. Dos días después la Sala I de la Cámara Federal -habitualmente favorable al kirchnerismo-, declaró la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Y un día después, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió no hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de Amado Boudou en la causa Ciccone.

Ninguno de los fallos significa peligro inminente. El expediente sobre Chevron no implica una acusación o imputación contra la Presidenta, ni se prevé una próxima condena para el vicepresidente de la Nación en la causa Ciccone; sí la certeza de que será finalmente citado a indagatoria, después de la feria judicial.

En el caso del pacto con Irán, llamó la atención la reacción airada de los funcionarios kirchneristas, que anunciaron que el gobierno apelará la medida. En los últimos meses, conforme se comprobó la previsible poca predisposición iraní para permitir un avance en la investigación, el gobierno pareció reconsiderar su posición y ya en la Asamblea Anual de la ONU del año pasado la Presidenta emplazó al nuevo gobierno iraní para aprobar el tratado para interrogar a los imputados por la justicia argentina. Ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo pasado, Cristina pidió a la oposición parlamentaria elaborar una propuesta mejor y ella se comprometía a denunciar en ese caso ese acuerdo y proponer el que le trajeran. Y hace pocos días el canciller Héctor Timerman visitó Israel dando claras muestras de tratar de recomponer la relación con ese país.

Por eso no dejó de sorprender que el gobierno no aprovechara la oportunidad que le da la Cámara Federal para dar por concluido el acuerdo. Anunció que apelará y fiel a su estilo reaccionó con dureza: no quiere dar ninguna señal que sugiera pérdida de poder, y aceptar que los jueces se despeguen de los designios oficiales sería una. Paralelamente esta semana mostrará el gobierno que está lejos de perder terreno en el ámbito judicial cuando apruebe en el Senado los pliegos de una decena de conjueces para la Corte Suprema. Sin pausa, el kirchnerismo avanza en su decisión de sembrar en los tribunales pensando en el día después del abandono de la presidencia.

Más allá de los trastornos judiciales, Cristina volvió a las cadenas nacionales. Fue la duodécima del año, pero tal vez la más justificada, pues allí anunció un aumento en asignaciones que se venía esperando desde principios de año. Pero contrariamente a lo que se suponía, el anuncio no vino como complemento de una suba del mínimo no imponible, sino más bien todo lo contrario. En su mensaje, la Presidencia dejó la sensación de que el impuesto a los “altos ingresos” quedará como está. Tres veces en su discurso repitió la palabra “ganancias”, y tras detallar la manera como se distribuyen los impuestos para asistir a los más necesitados, preguntó si “no es una tarea realmente solidaria entre argentinos contribuir con esos chicos de los que tanto se habla, de esos adolescentes que tanto se utiliza”.

Curado en salud, al día siguiente el jefe de Gabinete no cerró las puertas a una eventual suba del mínimo, pero horas después Axel Kicillof, demostrando que es quien realmente sintoniza con la Presidenta -o al revés- descartó cambios. Así las cosas, el malhumor de los asalariados involucrados en el pago de Ganancias se exacerbará el mes que viene cuando vean sustancialmente reducido el medio aguinaldo como consecuencia del descuento.

Seguramente el gobierno espera que, como dijo el jefe de Gabinete durante la presentación de la lista de 30 argentinos nominados para el Mundial -en un virtual acto político durante otra suerte de cadena nacional el martes pasado-, durante el mes próximo “no se hable de otra cosa que de fútbol”.

Los que defienden la vigencia de ese nivel de impuesto se justifican diciendo que sólo uno de cada diez trabajadores lo paga (tiene que ver con el bajo nivel salarial que afecta al sector informal), lo que reduce entonces el efecto al 10% de los trabajadores. Pero los que no le encuentran razón a semejante enfrentamiento con la clase media recuerdan que el alcance de ese impuesto representa apenas el 4% de al recaudación total del impuesto a las Ganancias.

Su vigencia en cambio le representará al gobierno la continuidad del enfrentamiento con el sindicalismo opositor, pero sobre todo seguir enrareciendo el clima con el sector oficialista. ¿Qué dirá ahora Hugo Yasky, que hace dos semanas anticipó una suba del mínimo para “dentro de 15 días”? ¿Y Antonio Caló, que viene conteniendo a los popes gremiales cada vez más preocupados garantizándoles lo que ahora acaba de ser postergado sin fecha? O Armando Cavalieri, que hace justo un mes dijo haber escuchado de la Presidenta la promesa de “derogar esto, de reformar la cuarta categoría y tratar de no cobrarle un impuesto al trabajo a la gente que trabaja”, lo cual fue luego desmentido enfáticamente por el gobierno.

Con esto, el sindicalismo opositor ha encontrado argumentos para preparar su próxima embestida, para la que ya se iniciaron contactos entre gremios poderosos donde más estragos causa el impuesto a las Ganancias. Son argumentos más manejables para esos sectores que el esgrimido el miércoles durante la marcha a Plaza de Mayo. Una marcha que no congregó a nadie que no fuera parte del “aparato” -una muestra de la debilidad política de sus organizadores-, pero que volvió a dar muestras del poder movilizador de esos gremios, fundamentalmente destinado a llamar la atención de los candidatos que pugnan por heredar este gobierno.