El diputado correntino Carlos Rubín quiere darle fuerza de ley al decreto presidencial que en su momento reglamentó la designación de los integrantes del Tribunal Supremo. Y por esa vía, se introducirían algunas modificaciones.
Ingresó esta semana en el Congreso Nacional un proyecto para transformar en ley el decreto por el cual el presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como innovación al procedimiento actual, se incorporan una serie de artículos, entre ellos uno que garantiza un cupo mínimo femenino y la representación federal en dicha cámara. La norma fue propuesta por el diputado correntino Carlos Rubín, del Frente para la Victoria.
El legislador correntino informó que a partir de este proyecto se da fuerza de ley al decreto del presidente Néstor Kirchner para establecer un procedimiento transparente con participación social para la selección de los jueces del máximo órgano de justicia. Además se dispone que, al momento de la propuesta para nombrar un miembro o cubrir una vacante, se tenga presente la composición general de la Corte.
A partir de la aprobación de esta ley quedaría establecido que dos o más de los magistrados (o el 30 por ciento) deberán ser mujeres. Con esto se haría posible que “la inclusión de nuevos miembros refleje la diversidad de género, la especialidad y la procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”, sostiene el autor en la fundamentación del proyecto al que accedió parlamentario.com.
Con relación al respeto por el cupo femenino, Rubín argumentó que le parece “injusto” que se garantice la presencia femenina en los cargos electivos políticos partidarios y no se haga lo mismo en los cargos políticos no partidarios de “elección popular indirecta”, como ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó el correntino. Asimismo advierte que tomó la determinación de promover este punto porque “todavía se observan decisiones judiciales que parecieran no advertir la existencia de los estereotipos arraigados de comportamiento y las prácticas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de la mujer, y por lo tanto replican en su contenido la discriminación”.
El proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia está a cargo del presidente de la Nación Argentina quién propone el o los candidatos al Senado de la Nación, cuerpo que debe prestar conformidad al nombramiento mediante una sesión pública y con mayoría calificada de dos tercios de los miembros según lo que dicta el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Lo cierto es que con la nueva ley, el procedimiento en general no sufrirá mayores cambios de cómo se realiza desde 2003. La ley tiene en total 10 artículos que tienen que ver con la designación de magistrados para cubrir vacantes o para renovar el máximo órgano Judicial. La transparencia del proceso con la publicación de los postulantes que pretende el Ejecutivo y la oportunidad de observación de las partes involucradas en su aprobación (legisladores) y otros miembros de la sociedad en general.
En cuanto a la cuestión de género en los organismos judiciales, Rubín informó que “según se desprende del estudio denominado “Mapa de género de la Justicia Argentina”, (realizado por la Oficina de la Mujer perteneciente a la CSJN) (…) se observa un 54% de mujeres y un 46% de varones, con excepción de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal donde se da una relación inversa y los integrantes varones superan en cantidad a las mujeres”.
En este sentido, Rubín sostiene que “la mirada de género debe ser parte de la modernización de los aparatos judiciales a fin de adecuarlos a las exigencias de presente” . Esto implica una sensibilización de las y los operadores para percibir las particularidades y a partir de ello remover los obstáculos que se erigen en el efectivo acceso a justicia. “Modernizar significa adecuar los servicios a las necesidades de los usuarios y usuarias” , aseveró el legislador justicialista.
