La Cámara alta discute el cuestionado proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que sólo cuenta con el respaldo del Frente para la Victoria y bloques aliados.
Luego de sancionar la eximición de impuestos al biodiesel y aprobar una serie de pliegos, el Senado se aboca al debate del polémico proyecto para estatizar la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, que el pleno de la oposición rechaza.
La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo dictamen favorable la semana pasada, tras dos intentos fallidos por parte del oficialismo, que no lograba reunir el quórum a raíz de la resistencia opositora.
El rechazo radica en el pasivo millonario de la Fundación, que alcanzaría los 237 millones de pesos, sumado al escándalo por el programa de viviendas Sueños Compartidos y la salida de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.
Sin embargo, el kirchnerismo aclaró que, de acuerdo a la propia redacción del artículo 4 del proyecto, la estatización no incluye las obligaciones contraídas por esa casa de estudios.
Así lo explicó el miembro informante, Eduardo Aguilar (FpV-Chaco), quien especificó que el Estado absorberá “carreras, alumnos, docentes, personal no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y derechos”, y no “pasivos”.
En este sentido, Aguilar denunció un “escarnio moral a las Madres” a partir del “típico ejercicio de denuncias mediáticas sin ningún tipo de pruebas”.
Por otra parte, explicó que el dictamen fue modificado de modo tal que elimina la referencia a convenios, para aclarar que “no hay ningún acuerdo por detrás”, ya que “en la oposición a través de la prensa se han sembrado dudas”.
Sin embargo, el radical Luis Naidenoff arguyó que “eso no quita que ese convenio exista, y ahí está la razón central de la creación de este instituto”.
“El sostén económico y financiero y la propietaria de la universidad es la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que está investigada por un hecho escandaloso de corrupción que salpica al Gobierno nacional”, denunció el senador.
Además, sostuvo que la creación del instituto “no cumple los requisitos de la Ley de Educación Superior”, entre ellos los estudios de factibilidad que deben realizarse, pero el oficialista Salvador Cabral aclaró que “para nacionalizar una universidad que ya existía no son necesarios esos requisitos”.
Por otra parte, Naidenoff cuestionó la validez del dictamen del oficialismo al advertir que el quórum en el plenario de comisiones fue logrado con un reemplazo ilegítimo, el de Gabriela Michetti (Pro) por Hilda Aguirre de Soria (FpV) en Derechos y Garantías.
En cambio, Liliana Negre (peronismo opositor) fundamentó su respaldo al sostener que “hay que diferenciar a la fundación, que es la persona jurídica, de la universidad”. “No estamos transfiriendo pasivos, no estamos limpiando el pasado de ninguno de los vinculados con hechos de corrupción”, aclaró, a contramano del resto de la oposición.
Negre reconoció la política del kirchnerismo en materia de educación universitaria y enfatizó que su bloque “está apoyando un proyecto académico”, aunque advirtió que “los hermanos Schoklender deberán responder” por los delitos que se les atribuyen.
Por el interbloque FAP-UNEN, Norma Morandini advirtió que “estamos hablando de una Fundación que ha quebrado” y que “ha hecho un desfalco escandaloso con dinero público” sobre el cual “no hace falta que la Justicia se expida”. “Sueños Compartidos van a ser `Pesadillas Compartidas´”, sentenció.
A su turno, Michetti consideró que la estatización es “una manera muy grosera de tratar de encubrir a un organismo que hizo las cosas mal”. “No hay atrás de esto una necesidad real, un bien claro a proteger”, indicó, y agregó que la fundación “se va a ver salvada por una herramienta que disimula todos estos problemas”.
En el mismo sentido, Mario Cimadevilla (UCR) dijo que el proyecto “no es para satisfacer ninguna demanda educativa insatisfecha” sino para “sanear un perverso manejo de recursos” por parte de Madres, que, disparó, “han desnaturalizado por completo la lucha por los Derechos Humanos”.
En los fundamentos, el texto sostiene que “es claramente responsabilidad del Estado la promoción de la enseñanza de los Derechos Humanos y de las garantías fundamentales en todos los niveles de educación”.
