Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, a cargo los kirchneristas Héctor Recalde y Mario Oporto, respectivamente, firmaron dictamen favorable al proyecto que establece límites a la jornada laboral en los denominados “call centers” y busca mejorar las condiciones de trabajo de los empleados en dichas empresas.

El despacho fue firmado por el Frente para la Victoria y contó con disidencias parciales de Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) y Víctor De Gennaro (Unidad Popular), que si bien celebraron la medida de fondo objetaron algunas cuestiones puntuales.

Se trata de un proyecto presentado por el diputado y secretario general de la agrupación La Cámpora, Andrés Larroque, que recibió el aval de sindicatos y trabajadores del sector el martes pasado, en tanto que los representantes de las cámaras empresarias cuestionaron la regulación y la figura del delegado sindical que introduce el proyecto.

En cambio, Unión Pro y el Frente Renovador manifestaron su rechazo, mientras que la UCR presentó una propuesta alternativa con la advertencia de que podría acompañar al oficialismo en caso de que el proyecto se modifique en el recinto.

Puntos principales del proyecto

“La intención es dar un marco homogéneo a esta actividad que surge en los ‘90, donde había mucha precarización laboral y no existían las negociaciones paritarias. Hoy hay otro modelo. Por eso, es importante que los empresarios entiendan que una actividad regulada es más beneficiosa a largo plazo que una actividad precarizada”, aseveró Larroque.

Entre otras cuestiones, a través del proyecto se crea un estatuto que regirá para los empleados de esos centros de atención telefónica, donde se establece que no podrán exceder las seis horas de trabajo ni superar los cinco días por semana.

Según el estatuto, el teleoperador percibirá una remuneración fija que no podrá ser en ningún caso inferior al salario mínimo vital y móvil o al salario básico establecido en el convenio colectivo.

Por otra parte, establece que, en caso de tener que trabajar los feriados nacionales, los trabajadores deberán cobrar ese día con un 50 por ciento adicional y se le deberá garantizar dos días corridos por examen, con un máximo de 20 días por año calendario.

Obliga además a los empresarios a organizar programas de capacitación continua, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, así como la realización de exámenes médicos anuales que deben incluir desde análisis clínicos completos hasta radiografías de tórax y columna.

Asimismo, la norma establece que los empleadores deberán respetar condiciones de seguridad ambientales, como proveer al empleado los elementos necesarios para desarrollar la tarea en condiciones seguras.

Objeciones del arco opositor

En líneas generales, Víctor De Gennaro, Néstor Pitrola y los diputados de la UCR avalaron la propuesta de La Cámpora de crear un estatuto para los teleoperadores. “Es una avance significativo”, resumió el primero, al sostener que “es una actividad que ha crecido mucho y que genera situaciones de salud perturbantes”.

El referente de ATE-CTA planteó además duras críticas a los empresarios que amenazan con irse del país si no se aceptan condiciones precarias de trabajo.

En tanto, si bien la UCR se mostró a favor de la reglamentación, el jujeño Miguel Ángel Giubergia adelantó que esa bancada presentará un dictamen propio, que toma como antecedente un Código de Buenas Prácticas que se viene implementando en la provincia de Santa Fe. “El estatuto es necesario hasta que haya un convenio colectivo de trabajo”, aseguró, por lo que no descartó que el radicalismo finalmente acompañe al oficialismo en caso de que se acepten modificaciones.

Sin embargo, este sector de la oposición salió al cruce del kirchnerismo por “discriminar” a los trabajadores públicos, por cuanto el estatuto solo regirá para los teleoperadores en ámbitos privados.

“Es una vergüenza y una falsedad que hablen de discriminación”, respondió el oficialista Juan Mario Pais y preguntó: “¿queremos mejorar o poner palos en la rueda?”. En esta línea, el chubutense recordó que incluso los docentes tienen regímenes específicos. “Ojalá los privados tengan la estabilidad de los públicos”, aportó y recibió el aplauso de los teleoperadores que se encontraban presentes en la reunión plenaria.

Rechazo absoluto

La misma crítica sobre los empleados públicos fue planteada por el sindicalista massista Héctor Daer, que con un discurso engorroso y ambiguo ponderó el espíritu de la iniciativa pero anticipó el rechazo de su bloque. “Lo mejor hubiera sido una ley general de condiciones de trabajo para trabajadores privados y públicos”, opinó el titular del gremio de la sanidad.

Unión Pro también anticipó su rechazo a la creación de un estatuto específico para los teleoperadores. Según Federico Pinedo, el Congreso no debería “reemplazar” la negociación de trabajadores y empresarios en el marco de las convenciones colectivas de trabajo.

Además, aseguró que la definición de “teleoperador” es “tan mala y vaga” que traerá consecuencias negativas en la “producción”.

Por su parte, Patricia Bullrich -exministra de Trabajo de Fernando De la Rúa- afirmó que el proyecto tiene como “objetivo oculto” la “creación de sindicatos específicos que atraviesen muchas actividades”.

A su juicio, los trabajadores son “juguetes” a disposición de la “discrecionalidad de un funcionario” que decide agruparlos en gremios “amigos”. No obstante, Recalde le advirtió que este tipo de decisiones corresponde al Poder Judicial.

“Toda ley es perfectible. Pero se trata de avanzar con algo para los trabajadores”, concluyó el “Cuervo” Larroque, autor del proyecto.