Ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, por las causales de mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
El diputado nacional Manuel Garrido solicitó el juicio político al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Nacional, por la responsabilidad resultante del mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
En sus fundamentos, Garrido destacó la situación judicial por la que está atravesando el vicepresidente de la Nación, en la causa por la compra irregular de la empresa Ciccone Calcográfica, por la que el juez Ariel Lijo lo llamó a declaración indagatoria junto a varios involucrados.
Más allá de estos avances judiciales que tiene un alto impacto institucional en tanto el vicepresidente se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones y de que será la Justicia la que determinará si se cometieron delitos en relación con los avatares de la imprenta Ciccone Calcográfica, Manuel Garrido consideró que “existen hechos concretos que muestran que han existido irregularidades que han afectado a la administración pública e incluso al patrimonio del Estado y el Congreso tiene la responsabilidad específica e inalienable de juzgar el comportamiento de los funcionarios de más alto nivel institucional cuando existan causales de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
Además, Garrido agregó que “los avances en la causa y el estado de sospecha verificado por el juez interviniente, sumado a la intimidación de testigos y al desplazamiento de anteriores funcionarios judiciales, entre otras presiones y operaciones a las que el vicepresidente no puede ser ajeno, justifican el inicio de un procedimiento de juicio político”.
El diputado Garrido junto a la entonces diputada Graciela Ocaña denunciaron en agosto pasado a Boudou por su injustificada evolución patrimonial. Recordó “sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y ante el juzgado del Juez Lijo no coinciden entre sí y dan muestra de un aumento de sus bienes y patrimonio durante el ejercicio de cargos públicos que no puede ser justificado”.
Las principales irregularidades señaladas por los diputados denunciantes fueron las siguientes:
La diferencia de los activos declarados entre los años 2007 y 2011 (ambos inclusive) ascienden a la suma de $ 2.071.773,08.
La diferencia de los pasivos declarados entre los años 2007 y 2011 ascienden a la suma de $ 755.741,83.
La diferencia entre los patrimonios declarados entre los años 2007 y 2011 ascienden a un total de $ 1.316.031,25.
Garrido y Ocaña señalaron que “ante la incongruencia de las declaraciones de bienes del vicepresidente no puede saberse con certeza el patrimonio real del denunciado, pero según lo que consta en el Expediente judicial señalan a nivel global que de acuerdo a la presentación realizada ante el juzgado, entre el 01/01/2006 y el 31/12/2011, los activos (bienes declarados) del investigado sufrieron un aumento del 714,93%, pasando de escasos 236 mil pesos a más de 1 millón seiscientos ochenta mil. Mientras que por efecto de las deudas declaradas, que financiaron en parte (junto con los ingresos exteriorizados) semejante incremento del Activo, su patrimonio –en el mismo período- creció un 446,45%”.
Finalmente, Garrido afirmó que “hay sobrados motivos que justifican que esta Cámara inicie un proceso de juicio político al vicepresidente Boudou, no buscamos ocupar el lugar de la Justicia ni aplicar las sanciones que en sede penal le puedan corresponder. Entendemos que las irregularidades en la causa Ciccone y sus inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales son una muestra de que Boudou pudo haber faltado a sus deberes como funcionario público y cometido delitos en el ejercicio de sus funciones y estamos procurando que el Congreso asuma responsabilidades que le son propias”.
