El titular de la ANSeS participará de un plenario de comisiones en el que el oficialismo buscará emitir dictamen para el proyecto enviado la semana pasada al Congreso.
Con la presencia del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio, el Frente para la Victoria buscará avanzar este martes con el proyecto del Poder Ejecutivo que establece una nueva moratoria para jubilados, ingresado por Mesa de Entradas el lunes pasado.
La iniciativa será abordada a partir de las 15 en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, que tendrá lugar en el Salón Illia. Allí el kirchnerismo intentará firmar el despacho favorable, según confió una importante fuente del bloque. El proyecto, que consta de 13 artículos, implementa la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, dándole continuidad a la moratoria impulsada por el expresidente Néstor Kirchner en 2005.
Según se confirmó este lunes, Diego Bossio en persona volverá al Congreso para tomar a su cargo la presentación del proyecto enviado por el Ejecutivo.
La norma está destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de esta norma-, tengan que regularizar aportes hasta diciembre del año 2003, ya que el plan anterior regía hasta 1993.
Según explicó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, esta nueva moratoria permitirá “la universalización” del sistema y beneficiará a más de 470 mil personas que hoy están afuera por no contar con los 30 años de aportes.
El proyecto precisa que la última moratoria incluyó a “2.701.933 adultos mayores” y que “elevó un 30 por ciento la tasa de cobertura previsional en pocos años”, pasando del 63,6 por ciento en 2002 al 93,8 por ciento en 2013.
Asimismo, establece que “el plan de pagos es abonable hasta en 60 cuotas, que se actualizarán por movilidad jubilatoria con el fin de mantener el porcentaje de pago mensual con relación al haber mensual evitar el desfinanciamiento”.
La prestación, a su vez, es incompatible con “una prestación previsional contributiva de cualquier nivel de gobierno o pensión no contributiva o plan social, salvo que se trate de una prestación previsional mínima”.
De sancionarse este proyecto, “nuestro país tendrá una importante herramienta legal adicional para lograr el objetivo de tender a la cobertura universal de la población en edad jubilatoria”, dice el texto en los fundamentos.
