El ministro de Economía y los secretarios de Comercio y de Justicia de la Nación expondrán sobre la actualización de la Ley de Abastecimiento y la creación del observatorio de precios y los fueros judiciales para consumidores. El kirchnerismo buscará los dictámenes para sancionar las leyes este miércoles.
Bajo la mirada atenta del gran empresariado, el kirchnerismo busca avanzar en la Cámara de Diputados con el trío de proyectos de la Casa Rosada sobre la cuestión de los precios y la defensa del consumidor: la actualización de la Ley de Abastecimiento, la creación del observatorio de precios y la inauguración de un fuero específico para atender reclamos de usuarios y consumidores.
Las iniciativas son analizadas desde las 12.27 por un plenario de las comisiones de Asuntos Constituciones, de Comercio, de Industria, de Presupuesto, de Justicia y de Defensa del Consumidor, con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y de Justicia, Julián Álvarez, y más de 50 invitados del arco empresario y de organizaciones civiles.
El objetivo del Frente para la Victoria es firmar el dictamen favorable de los proyectos para convertirlos en ley este miércoles, en una sesión especial.
Las propuestas del oficialismo buscan atender la remarcación de precios por parte de mercados oligopólicos y el “abuso” a usuarios y consumidores, en el marco del proceso inflacionario.
Sin embargo, la UCR, el Frente Renovador, el Pro, la Coalición Cívica y el Partido Socialista advirtieron por un exceso de intervencionismo estatal en el mercado, en línea con el rechazo de las grandes corporaciones empresarias.
El eje de las críticas es la nueva de la Ley de Abastecimiento, aunque también rechazan el observatorio de precios. Proyecto Sur, Unidad Popular y el Frente de Izquierda se sumaron a la resistencia opositora, pero con otros argumentos.
El único de los proyectos que consigue aval de un sector de la oposición es la creación del fuero judicial para reclamos de consumidores, respaldado por las organizaciones civiles del sector.
El proyecto de ley de abastecimiento
El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores.
En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.
El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.
Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo.
Durante el debate en comisión, el oficialismo también accedió a eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”.
Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe.
Nuevo fuero destinado a los consumidores
La iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas.
Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.
En esos dos ámbitos, las audiencias serán públicas y orales, y el auditor o juez resolverá el caso en ese mismo momento. La decisión del auditor podrá apelarse en la instancia siguiente. En la Cámara de Apelaciones, todo el proceso no podrá durar más de 60 días.
Observatorio de precios
Esta entidad se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.
El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.
