Una vez más el tema de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal se pone en debate en el escenario público, a partir de las declaraciones del titular de la SEDRONAR, confusas e inoportunas, y su anuncio de un proyecto en el que el Ejecutivo estaría trabajando con ese objetivo.

En un tema tan sensible y tan preocupante, los mensajes a la ciudadanía deben ser claros para promover acciones concretas y eficaces, llevando a la población respuestas y tranquilidad y no expresiones que aumenten el temor, generando percepciones extremas, la de quienes piensan erróneamente que esto es una solución al narcotráfico o la de quienes creen que despenalizar es abrir la caja de Pandora, con consecuencias imprevisibles pero seguramente fatales.

Por eso, hay que distinguir despenalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal o como le llaman algunos no criminalizar a la persona con adicciones, de legalizar el consumo de drogas. Son dos temas absolutamente diferentes y con implicancias totalmente distintas.

Legalizar las drogas significa habilitar su producción, consumo, tenencia, y comercialización y que el Estado o el sector privado lo regule. Este es un tema con el que definitivamente no estoy de acuerdo.

Otro tema es la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que significa que quien padece una adicción no vaya preso por serlo. Significa que se lo trata desde un sistema de salud con capacidad de dar la respuesta adecuada, con recursos humanos capacitados para la asistencia, para la rehabilitación y la reinserción, coordinando los esfuerzos con otros sectores y actores sociales que participen en este proceso. Respecto de este punto, todos estamos de acuerdo.

En ese marco, la despenalización debe ser precisa, debe realizar, a través de las normas, una categorización de los estupefacientes, distinguir cantidades, circunstancias, espacios, porque definitivamente no es lo mismo la marihuana que el paco, como tampoco es lo mismo una conducta adictiva en la intimidad de la propia casa, que en la vereda a la salida de un colegio.

Formuladas estas distinciones indispensables, nos preguntamos: nuestro sistema de salud ¿está preparado para dar esa respuesta adecuada a la persona que padece una adicción? Y la respuesta es que no lo estamos aún. Hemos comenzado a concientizarnos de la imperiosa necesidad de generar los modelos de atención que resultan necesarios, y hemos logrado la sanción de una ley que contiene el Plan Integral para el Abordaje de los consumos problemáticos. Dicha ley fue aprobada en mayo de este año y su reglamentación fue publicada en agosto de este año.

Esto implica que aún no estamos en condiciones de evaluar el resultado de las políticas contenidas en ella. Cuando comenzamos a tratar esa ley, fue con motivo de haber receptado en audiencias públicas promovidas por mi parte en mi condición de Presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, la demanda generalizada de la sociedad de abordar la prevención de las adicciones, la asistencia, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social. Este fue el mandato que recibimos los legisladores y nos embarcamos en el proceso de dar los debates y lograr la sanción de una ley que, como siempre que se busca el consenso no resulto la herramienta perfecta, pero si constituyó un avance significativo en el tema.

La próxima pregunta es entonces, ¿este es el momento oportuno para debatir la despenalización? Seguramente no lo es. Pongamos ahora todos los esfuerzos en que la ley se implemente, se creen los centros que se han anunciado, se asignen los recursos para el cumplimiento de todos los objetivos y las acciones de la ley, se realicen los acuerdos y convenios con sectores, actores, organizaciones, jurisdicciones, y una vez que eso suceda, evaluemos cuales son los resultados alcanzados. Recién allí, estaremos en condiciones de darnos como sociedad, el debate profundo, abierto y participativo del tema de la despenalización.

Finalmente nos preguntamos, aquellos que ven en la despenalización de la tenencia de estupefacientes, una herramienta para luchar contra el narcotráfico, ¿están en lo cierto? Creemos que no y estamos seguros que hay muchas acciones que pueden intentarse antes y que no se han intentado. Es necesario atacar la economía del delito, extremar los recaudos para la prevención del lavado de activos, fortalecer la labor de la UIF y optimizar todos los recursos disponibles para avanzar en este tema, diagramar una protección eficaz de las fronteras, promover los controles necesarios, dotar a la Justicia de los recursos humanos y tecnológicos adecuados para la lucha contra el narcotráfico. Hay mucho por hacer.

Nuestra percepción es que instalar el tema de la despenalización es una manera de tapar la ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico, correr el eje de la discusión y continuar en el mismo camino de desidia. Algunos dicen que la batalla contra el narcotráfico se ha perdido. Y yo me pregunto ¿y si se deciden a darla alguna vez? Quizás los resultados serían otros.