La diputada del Pro Laura Alonso presentó un proyecto de ley para regular las denominaciones de bienes públicos y expresó al respecto que “poner Néstor a todo es autoritario: los bienes públicos son de todos, y no del kirchnerismo”.

Con este proyecto será el Congreso Nacional, como ámbito democrático por excelencia, donde se ven representadas todas las fuerzas políticas, quien tendrá la facultad de establecer nombres a bienes muebles e inmuebles del Estado, vías de circulación, obras, monumentos, espacios, aniversarios, eventos, entidades y en general y en cualquier otro supuesto en que el Estado Nacional deba asignar nombres o denominaciones.

Para ello, se creará una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados y se incentivará la participación ciudadana a través de la realización de una Audiencia Pública, donde los interesados puedan participar aportando sugerencias e impugnaciones.

El proyecto aclara que no puedan utilizarse para las denominaciones “personas vivas o fallecidas dentro de los 10 años anteriores a la sanción de esta ley; personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto; lo que conlleve connotaciones político partidarias; lo que sea contrario a los valores democráticos, a la paz y la concordia social, o que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas”.

Según la diputada, el objetivo de este proyecto es “acabar con las prácticas antidemocráticas como el culto a la personalidad, la acción pública guiada por la idolatría política, la confusión permanente entre Estado, partido y líder, la promoción sistemática de los funcionarios públicos a través de la abundante publicidad oficial y el uso impúdico de los bienes y recursos públicos con fines partidarios y electoralistas”.

Para evitar este tipo de situaciones, la ley Nº 83 de Nomenclatura Urbana de la Ciudad expresa que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido diez (10) años de su muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar. Tampoco se podrán designar con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.

Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige un procedimiento de “doble lectura” para la denominación de bienes públicos, que implica: despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados; aprobación inicial por la Legislatura; publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones; consideración de los reclamos y observaciones, y resolución definitiva de la Legislatura.

Además de presentarse en la Cámara de Diputados (expediente 6689-D-2014), el proyecto de la diputada Alonso se subió en el sitio www.legislemos.org, plataforma de Gabriela Michetti y Diego Santilli donde los ciudadanos pueden participar votando a favor o en contra de las iniciativas de legisladores o aportar las propias.

“Los bienes públicos son de todos y no deben ser impuestos por ninguna mayoría circunstancial en la memoria colectiva. Desde hace décadas, los partidos gobernantes les asignan nombres o denominaciones como homenajes en vida a figuras políticas recientemente fallecidas como triunfo político sobre adversarios y para glorificarlas. El reconocimiento histórico de un político o ciudadano no viene dado por el nombre de una plaza sino por la valoración que el público hace de sus acciones mucho tiempo después”, concluyó Alonso.