El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, diputado nacional Gustavo Valdés (UCR-Corrientes), afirmó que la seguridad está en situación crítica por la pasividad del Estado y que hay un doble discurso del Gobierno que ahora envía un nuevo Código Procesal Penal, pero que, en once años de kirchnerismo, “mientras crecieron los robos, asesinatos y el narcotráfico, el Gobierno miraba para el lado equivocado”.

Destacó que “la inseguridad no es un tema de marketing, es una realidad porque los delincuentes se manejan con impunidad”.

“Hay un doble discurso que baja desde lo más alto del poder y confunde a la sociedad. La puerta giratoria existe porque no hay herramientas eficaces para combatir el delito. Ahora envían un nuevo Código Procesal Penal, para agilizar las causas y que los delincuentes no salgan a robar, violar y matar, pero en once años el Gobierno K fue pasivo en materia de seguridad y no aplicó ninguna política eficaz al respecto”, agregó Valdés.

“Estamos atravesando una gran crisis. Creció el narcotráfico, crecieron los robos, los secuestros y asesinatos, a las víctimas de trata y de violaciones no se las protege pero lo único que hizo el Gobierno, fue poner mamparas en los bancos luego del violento robo a Carolina Píparo, que le costó la vida a su bebé. Ahora se rasgan las vestiduras queriendo expulsar a los extranjeros que sean autores de delitos, pero en 2010 la presidenta anuncio una nueva ley de migraciones criticando la criminalización de los inmigrantes en el mundo”, señaló.

“La nueva Ley de Migraciones 25.871, fue reglamentada en el 2010 a través del Decreto 616, y permitió a la Dirección Nacional de Migraciones aplicar el plan Patria Grande que regularizó la situación de 700 mil inmigrantes. Esta ley terminó beneficiando a los extranjeros que ingresan y permanecen en el país para cometer delitos y, si los cometen, luego de la condena se les permite continuar en el país”, remarcó Valdés.

Sostuvo que “el artículo 62 inciso B, establece que para expulsar a un inmigrante que comete un delito, este debe tener una condena privativa de libertad de más de 5 años, cumplida la misma el Estado dispone de dos años para decidir su expulsión del país pero si, cumplido ese plazo, el Estado no toma una resolución en 30 días, el extranjero que delinquió fue juzgado y condenado, se puede quedar definitivamente en el país”.

“Es la presidenta la que hace marketing anunciando un nuevo Código Procesal Penal, necesario, pero que por lo tiempos de estudio y debate no se aplicará en breve, por lo cual la puerta giratoria seguirá girando y los delincuentes seguirán manejándose con libertad para robar, matar y violar, como lo hizo Gastón Aguirre, el motochorro que le robó a un turista en La Boca y nunca fue detenido por ese delito”, finalizó Valdés.