Jorge Capitanich cuenta los días que le faltan para volverse al Chaco. Si por él fuera, ya el jueves hubiera recibido en su provincia a la Presidenta en su rol de gobernador, y no acompañándola como jefe de Gabinete, tal cual sucedió. Pero no se irá hasta que tenga la anuencia presidencial. Así se comprometió ante Cristina y se propone cumplir, después de que la Presidenta se ocupó de “sugerirle” al gobernador interino reconsiderar el adelantamiento de las elecciones chaqueñas.

Igual, no gana para disgustos Capitanich, que esperaba otra cosa de sí mismo en ese cargo en el que se ha transformado en no mucho más que un vocero experto en desmentidas. Y en ser desmentido; es el riesgo de dar conferencias de prensa diarias. A poco más de un mes de haber asumido en el cargo -pronto se cumplirá un año-, ya acumulaba más de una decena de desautorizaciones, comenzando por los episodios de los saqueos en Córdoba, cuando anunció que el gobierno no enviaría fuerzas hasta que no hubiera un pedido formal y al rato Sergio Berni dispuso lo contrario.

En lo sucesivo, las desmentidas no cesarían. La sucesión más reciente: el viernes de la semana pasada negó que la Presidenta tuviera problemas de salud, y al rato se difundió un parte médico informando sobre la faringitis de Cristina; el lunes dijo que ya estaba bien y que el jueves iría al Chaco, cosa que al día siguiente negó, aclarando que la mandataria todavía no estaba repuesta. Lo incómodo que debe haberse sentido cuando al rato el vocero Alfredo Scoccimarro volvió a desmentirlo, señalando que sí iría el jueves al Chaco.

Tantas idas y vueltas hacen poner en duda hasta el parte médico en cuestión, llegando algunos a relacionar ese reposo presidencial con cierta preocupación creciente por el accionar de los fondos buitre. Lo cierto es que ese mismo martes sorprendió Cristina con una cadena nacional en la que anunció otro de los códigos que quiere modificar durante su gobierno: el Procesal Penal.

Fue su segunda cadena nacional consecutiva, y ambas grabadas, un recurso no habitual en esta administración. Sí es habitual el uso del factor sorpresa, como así también el recurso de buscar golpes de efecto en temas políticos, ideal para tiempos complicados en lo económico.

La primera reacción de la oposición fue en el sentido sugerido por la Presidenta en su mensaje: disposición a consensuar con el oficialismo en torno al nuevo Código, habida cuenta de que todos coinciden en la necesidad de cambiarlo. Pero se advirtió de entrada que para ello se imponen cambios en el Ministerio Público. Con el paso de las horas, la anuencia inicial fue apagándose, conforme creció la convicción de segundas intenciones de parte del gobierno.

Pasa que el nuevo Código dará un papel preponderante a los fiscales, cosa que en líneas generales no está mal visto, pero la oposición sabe que ese es un área más permeable al kirchnerismo, al que le cuesta nombrar jueces. No tiene en cambio los mismos inconvenientes para designar fiscales -muchos pertenecientes a la agrupación oficialista Justicia Legítima-, que están bajo el mando de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien se ha revelado como una consecuente operadora kirchnerista. Pensando en las causas por corrupción que puedan abrirse, ese es el aspecto que la oposición pone como condición modificar para avanzar en las negociaciones.

No es la única cuestión observable del nuevo Código, que tuvo como llamador deliberado en el mensaje presidencial a la expulsión de extranjeros que delinquen. Independientemente del ruido que puertas adentro del kirchnerismo debe haber generado esa concesión a la teoría Berni, los especialistas no tardaron en advertir puntos flojos del proyecto. No resiste el menor análisis la posibilidad de que los extranjeros que delincan sean expulsados sin ser antes juzgados y penados. Alguien desde el gobierno aclaró que la expulsión no correría para los casos menores, lo que llevó a pensar en que semejante norma convertiría a la Argentina en tierra de sicarios o de mulas del narcotráfico que no tendrían mayores riesgos aquí, pues en caso de ser descubiertos contarían solo con el boleto de regreso a su país. En realidad era al revés, la expulsión no cuenta para casos complejos.

Ernesto Sanz recordaba el viernes en el Coloquio de IDEA -que una vez más puso los pelos de punta en el gobierno y que corroboró el sinsentido de la negación oficial a concurrir a esos foros- que allá por 2005 Néstor Kirchner mandó un anteproyecto de reforma del Código Procesal al Congreso en el que se trabajó durante un año y que luego quedó en la nada. “Por entonces el gobierno tenía buena sintonía con los jueces federales; como ahora eso cambió, desempolva el proyecto”, interpretó el mendocino.

Con todo, el proyecto comenzará a ser analizado en el Senado esta semana y hay intenciones de tenerlo aprobado para fines de noviembre. Faltará la media sanción restante de Diputados, que quedaría pendiente para el año que viene. Como sea, el oficialismo tiene el número suficiente en ambas cámaras para aprobarlo, así la oposición vuelva a levantarse e irse.

Cosa que hizo en la última sesión el diputado Martín Insaurralde, quien sigue dentro del bloque oficialista, pero al que muchos dan fuera a corto plazo: en poco más de un mes habrá cumplido el período ordinario y podrá pasarse al Frente Renovador, como todo indica. Por lo pronto, el miércoles pasado prefirió no seguir acumulando facturas en su contra, y se fue de la sesión antes de votar la estatización de la Universidad de las Madres, y ya no volvió. Eso sí, había dado quórum, y sí votó el primer tema -la obligatoriedad de la educación inicial para niños de 4 años-, aprobado por unanimidad. Cuando se vaya del bloque, MI le dejará su banca a Luis Cigogna, un fiel soldado K, y el FpV mantendrá el número.

Mientras se resuelven estas cuestiones políticas en las que el kirchnerismo mejor se desenvuelve, la economía tuvo otra semana de supuesto sosiego cambiario, pero de creciente expectativa en materia financiera. Cada vez son más las voces del mundo empresario que suenan convencidas de que en enero se alcanzará un acuerdo con los holdouts, a partir de las señales que llegan desde diversos sectores del gobierno. No necesariamente de despachos cercanos al de Axel Kicillof, muy cuidadoso en ese sentido.

Un optimismo compartido por el equipo de Daniel Scioli, que admite por lo bajo haber recibido garantías oficiales de que en enero habrá un entendimiento que permitirá el ingreso de dólares a la Argentina, y se ilusiona con revertir la recesión, cosa indispensable para un candidato oficialista en un año electoral.

Pero están también los que recuerdan cuando se esfumó hace pocos meses el acuerdo que parecía estar al alcance de la mano, y se preguntan entonces si no será las actuales señales ficticias destinadas a extender algunos meses las expectativas positivas para ganar tiempo. Una alternativa que genera estremecimiento.