Fue por la protesta de Lear del jueves pasado, donde el legislador advirtió que se utilizaron “métodos de represión violentos e ilegales” e incluso él mismo recibió balazos de goma.
Tal como había anunciado, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció penalmente a Gendarmería Nacional y al secretario de Seguridad, Sergio Berni, por los hechos represivos del jueves pasado en que esa fuerza desalojó de la Panamericana a los trabajadores de Lear y organizaciones solidarias.
Del Caño, que advirtió que en ese episodio se utilizaron “métodos de represión violentos e ilegales”, se presentó ante la Justicia junto a los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, y acompañado por el presidente del PTS, José Montes, y los apoderados del mismo, Guillermo Pistonesi y Carlos Platkowsky.
Los denunciantes mantuvieron una audiencia con la jueza federal que interviene en el caso, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal federal Fernando Domínguez, quien manifestó que la Gendarmería debe ser apartada de estos operativos.
“Atento los episodios ocurridos, no puede seguir interviniendo esa fuerza. Lo mejor es el diálogo”, dijo Domínguez, quien solicitó además el reconocimiento médico de todos los heridos.
En la denuncia presentada por Del Caño y los abogados del CEPRODH, se deja constancia de que el jueves pasado, “además de una feroz represión desatada centralmente cuando ya no había manifestantes sobre la autopista, hubo dos detenciones ilegales, cinco autos secuestrados, dos trabajadores heridos que fueron intervenidos quirúrgicamente y más de 40 heridos”.
Incluso entre ellos estuvo el propio Del Caño, que recibió una serie de balazos de goma que impactaron en su cuerpo, al igual que Montes.
Del Caño denunció específicamente la persecución que sufre el PTS por solidarizarse con los trabajadores despedidos de Lear y planteó que tanto él como Christian Castillo, diputado provincial del PTS/FIT, “vienen siendo reprimidos selectivamente”.
En la presentación judicial realizada este lunes se detalla también que desde que empezó el conflicto de Lear “son 88 los militantes de nuestra organización heridos de distinta gravedad, varios de ellos debiendo ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, fracturados, baleados, o gaseados, en una clara e inédita persecución política al cabo de unos pocos meses contra una organización que pelea junto a los luchadores de las más sentidas causas sociales”.
Asimismo, se especifica que “fueron 23 los militantes privados ilegítimamente de su libertad y con procesos penales en trámite luego de ser reprimidos en el marco de una más que legítima protesta social”, y que “los automóviles de ocho miembros” de la organización “fueron destruidos a golpes y secuestrados”.
Además de la denuncia presentada, la Dirección Nacional del PTS solicitó una audiencia con la jueza electoral María Servini de Cubría, para plantearle la preocupación y repudio ante la “escalada represiva” contra este partido integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
