Se trata de un sistema de medición denominado Huella Hídrica, que debería implementarse a partir de la puesta en vigencia de la norma.
Con el objetivo de promover el uso responsable del agua dulce, la senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para implementar un sistema de medición de la Huella Hídrica en la Argentina.
Se entiende como Huella Hídrica al volumen total de agua dulce utilizado directa e indirectamente para la producción de cualquier bien o servicio, sumado a los consumos de todas las etapas en la cadena productiva.
La huella hídrica establece una relación directa entre los sistemas hídricos y el consumo humano. Esta vinculación puede determinar factores como la escasez o contaminación del agua, pero también puede permitir la mejora de la gestión de la producción. En este sentido, el concepto hace énfasis en la responsabilidad que todos tenemos para efectuar una mejor gestión de los recursos del agua.
El programa pretende, entre otras cosas, adoptar y promover la utilización uniforme de una de las fórmulas internacionales para calcular, cuantificar y optimizar el uso del agua en procesos de producción de bienes y de prestación de servicios. También intenta avanzar hacia tecnologías más eficientes para el desarrollo sustentable.
La senadora indicó: “Nos hemos acostumbrado a utilizar al agua dulce como si fuese una fuente inagotable, tanto en los usos individuales y comunitarios como en los productivos. Son claros los abusos en el consumo del recurso más importante que tenemos para vivir”.
En el texto de la iniciativa se pone énfasis en que “el agua es la base, el motor y sustento de todo ser vivo en el planeta. Cerca del 75% de la superficie de la Tierra está cubierta de este vital líquido, pero menos del 1% es apta para sostener la vida humana”.
Por ello, destacó la importancia de comenzar a implementar la medición de Huella Hídrica, para mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los impactos que se generan a nivel ambiental desde el sector empresario e industrial. García Larraburu concluyó: “Desde el Estado tenemos que sumar herramientas para proteger nuestro ecosistema y comenzar a desplegar políticas a largo plazo que cuiden equitativamente a nuestra tierra, población y desarrollo”.
