El diputado Maldonado celebró que se declare la telefonía móvil como servicio público pero sospecha que la iniciativa puede tener algunas “sorpresa” negativa.
El diputado nacional Hugo Maldonado (UCR-Chaco) saludó la propuesta del Poder Ejecutivo de declarar la telefonía móvil como servicio público pero planteó su sospecha de que el proyecto de ley de telecomunicaciones pueda tener algunas “sorpresa” negativa.
Según el diputado, “la regulación de la telefonía celular ha sido una de las principales asignaturas pendientes del Gobierno, que se agudiza cada vez más por las notorias deficiencias de los servicios”.
En este sentido, Maldonado sostuvo que “lograr que a la telefonía móvil se la declare como un servicio público, significa dar una vuelta de página y un cambio de la matriz regulatoria de este servicio público esencial. Ello es así porque la legislación sobre servicios públicos requiere considerar especialmente la situación del usuario”.
Sin embargo, el radical manifestó sus sospechas sobre la propuesta de fondo del proyecto Argentina Digital. “Queremos conocer primero los términos de la propuesta. Como dicta la experiencia, estamos a cubierto de toda sospecha porque muchas veces el Gobierno hace anuncios de nobles propósitos que terminan ocultando las peores intenciones, y una vez más no vamos a dejar que nos sorprenda”, manifestó Maldonado.
“El ministro De Vido nos promete que vamos a tener redes que le faciliten a la gente acceder al mayor universo de información posible, pero en varias provincias debemos afrontar situaciones de colapso de la telefonía móvil que privaron por completo del servicio durante días enteros, sin que las autoridades hayan adoptado medida alguna, ni los procedimientos de control vigentes hayan dado una respuesta eficaz para contener y reparar los perjuicios sufridos por los usuarios”, criticó.
“Desde el Congreso de la Nación venimos bregando hace bastante tiempo para lograr que por ley se disponga caracterizar como servicio público a la telefonía móvil en todas sus modalidades, con la finalidad de garantizar un acceso regular y continuo a dichos servicios en condiciones sociales y geográficas equitativas, con control de calidad y eficiencia, tarifas razonables y una adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores”, finalizó.
