El Ejecutivo público la norma sancionada esta semana por el Congreso, que busca incentivar las inversiones en gas y petroleo.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada este jueves por la Cámara de Diputados con 130 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.
La norma, que fija nuevos parámetros para atraer inversiones para explotación, exploración y producción de gas y petróleo, fue promulgada mediante el decreto 2009, que se publica en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y de los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido.
El texto que reforma la ley 17.319 establece condiciones para las nuevas licitaciones en materia de hidrocarburos convencionales, no convencionales y en la zonas off-shore.
En ese marco, fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los denominados desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.
Además, la nueva normativa establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60%.
De acuerdo a la ley promulgada, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectados por las reformas.
Por otro lado, el proyecto sancionado primero por el Senado y luego por Diputados otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones por las cuales deberán pagar regalías por un 12%.
Además, dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías con un tope del 18%.
También se fija un plazo de seis meses para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
La iniciativa también acorta los plazos de los permisos, para incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.
