La Cámara alta aprobó por 39 votos contra 24 el nuevo Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo el 21 de octubre pasado, el cual reemplaza el actual sistema judicial “inquisitivo” por uno “acusatorio”.

Al cierre del debate, que duró un poco más de seis horas, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, tildó de “incoherente” la postura opositora, señalando que deberían haber votado en general a favor y objetar en particular los artículos cuestionados.

“Uno esperaba un aporte más constructivo”, expresó el rionegrino, remarcando los temas que terminaron modificando en comisión, como el tema de la “conmoción social”.

“Lo dejamos de lado, ¿para qué hablan de un tema que no está? Lo superamos durante el debate, venir acá a plantearnos el tema que ya cambiamos, y castigarnos con eso, me parece burdo”, disparó Pichetto. Citó también el caso de la asignación de casos a los fiscales, y destacó que “no creemos en el concepto de pertenencia política de los funcionarios” judiciales, aclaró. “Creer que porque se designa un fiscal, ese fiscal va a subordinarse a algún sector político, es una estupidez”, enfatizó.

En cuanto al tema de los extranjeros, Pichetto dijo que “es un tema que está previsto también en la propia Ley de Migraciones”, que establece que aquel que ha cometido un delito que no supere los 3 años, puede pedir la extradición.

Para Pichetto, “hay una gran hipocresía en este debate, porque muchos saben que hay un problema”, y destacó que lo que se plantea ahora “lo tienen los países más desarrollados”.

Destacó que el oficialismo aceptó 42 modificaciones, y retrucó también el argumento de que la procuradora pondría a dedo a los fiscales. “Son todos discursos autodestructivos, estilo Carrió”, ironizó.

“Me parece que estamos dando un paso importante, el camino hay que ir haciéndolo, construyéndolo”, dijo, admitiendo la posibilidad de considerar el juicio por jurados.

En cambio, el presidente del bloque radical del Senado, Gerardo Morales, dijo que su bloque comparte la mayoría de los términos de la reforma procesal, pero advirtió que la iniciativa “desnuda” otro tipo de intenciones.

En relación a las nuevas designaciones, el jujeño sostuvo que la reforma establece “un cambio cultural”, que requiere “capacitación, formación, cambio de mentalidad”. Así las cosas, señaló que “antes de crear los cargos, hay que ver cómo queda la reestructuración”.

Al respecto, Morales planteó la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal. El nuevo sistema debería ser “transparente” y con un mecanismo “colegiado”, sosteniendo que el mismo debería estar dividido en dos comisiones. “La procuradora va a administrar el presupuesto, pero va a estar sujeta a esa comisión”, señaló en referencia a las sugerencias elevadas por el radicalismo.

“Mejoramos la estructura, el sistema de control presupuestario, se establecen mecanismos de formación y capacitación”, señaló en referencia al proyecto alternativo sugerido por el radicalismo.

El debate

Como miembro informante del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guillermo Guastavino, sostuvo que el tratamiento de ese tema representa la llegada al final del camino de un cambio de sistema que “por años viene siendo criticado, pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, como se viene pidiendo en la Justicia”.

“Sin lugar a dudas, este Código presenta principios del sistema acusatorio que son básicos”, señaló, destacando la oralidad, que le da más dinamismo al proceso. También la publicidad, que “satisface el derecho a la información que tienen los ciudadanos”, como así también el principio de “mediación”, pues el Código plantea que todas las cuestiones que deban debatirse lo hagan con el juez presente, por lo que el magistrado debe estar en contacto permanente con las partes.

El senador Mario Cimadevilla valoró las cosas positivas de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pero expresó sus dudas por cuanto “impera hoy un clima de mucha desconfianza y un cuestionamiento generalizado hacia quienes pueden estar a cargo de la aplicación de este Código”, en referencia a la doctora Alejandra Gils Carbó.

“No podemos dejar de señalar dentro de este clima de desconfianza y cuestionamientos hacia la procuradora, algunas cuestiones generales”, puntualizó el senador radical, para quien “tendríamos que haberlo tratado simultáneamente con una ley orgánica de Ministerio Público”.

“Se nos dijo que era una decisión política del bloque oficialista que la procuradora no viniera, y acá quiero remarcar nuestra primera y gran observación”, dijo, en referencia a la necesidad de un total consenso en la materia del código. “Yo como procurador hubiese querido venir a exponer, no hubiera estado esperando a que me invitaran”, remarcó.

Criticó los desplazamientos de fiscales dispuestos en diversas causas por Gils Carbó, como así también las designaciones que adoptó, alertando que “no va a atemperar este código las limitaciones que se han dispuesto” en un artículo. “Mientras esté vigente la actual ley de la procuración, ella va a tener las más grandes facultades para la designación de fiscales, y de hecho es lo que ha hecho”, sostuvo, cuestionando también “la discrecionalidad disciplinaria” que ha tenido, citando el caso del fiscal José María Campagnoli.

Por su parte, Liliana Negre de Alonso agregó que “no se puede discutir un proyecto de Código Procesal Penal” cuando está por crearse un nuevo Código Penal. Enumeró una serie de razones para oponerse, en las que incluyó la necesidad de implementar antes también una Policía Judicial, y reiteró sus cuestionamientos a la creación de cargos sin antes haber hecho un estudio estadístico.

“No se puede hacer todo junto, todo de golpe, si seguimos discutiendo, no vamos a resolver nada”, sostuvo por su parte el santacruceño oficialista Pablo González.

La senadora Sandra Giménez se manifestó “gratificada” por el proceso de reforma del Código Procesal Penal, por los debates realizados en el plenario de comisiones, considerando al nuevo Código como “el tránsito de nuevas oportunidades futuras en el entendimiento de la raza humana en cuanto a procesos de convivencia”. En el paso a una etapa acusatoria, la senadora del Frente Renovador para la Concordia destacó que “estas experiencias que se han plasmado en los últimos 30 años tienen la base de la iniciativa llevada adelante por el Poder Ejecutivo, que receptó la problemática de la seguridad”.

Destacó las coincidencias planteadas en torno a la reforma del Código, por cuanto “todos coinciden en la necesidad de una actualización”, y estimó que “está profundamente adaptado este sistema acusatorio para dar las funciones de garantías a cada una de las partes”, brindándole “a todos los involucrados en el proceso” a una buena administración de justicia.

El senador radical Ernesto Sanz adelantó la negativa radical porque no está de acuerdo con que el nuevo Código vaya a resolver los problemas de la justicia, como asegura el Gobierno. Dijo que la decisión del bloque radical era unánime, porque en este tema “el diablo metió la cola en el artículo 5, cuando la sentencia puede abrirse a favor del condenado. ¿Por qué se legisla a favor del condenado y no a favor de la víctima?”, preguntó.

Para el senador Sanz, la incorporación del artículo 5 hace que el Gobierno pueda “parar la investigación de las causas sobre corrupción”, y lo calificó como “una vergüenza”. Se trata de la persecución única, en casos específicos, “salvo en la revisión de las sentencias a favor del condenado”.

Manifestó que en el Gobierno “hay una preocupación política de que este sea un método para reabrir causas que han sido cerradas”. Se trata de las causas que investigaban el enriquecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Además, criticó la labor judicial del juez Oyarbide por “no investigar y generar impunidad. Oyarbide no es serio acá, ni en ningún lugar del planeta”, afirmó.

A su turno, Aníbal Fernández sostuvo que a partir de ahora el fiscal “es el que va a tener realmente la persecución penal” y en función de la dimensión de esa persecución penal “seguramente pueda tener más fiscales que colaboren con él, o en forma temática, o con otro tipo de peritos, u elementos que hagan que esa investigación prospere”.

“En cualquiera de las formas hablamos de un juzgamiento ágil y eficiente -dijo-. Y lo que necesitamos para eso es garantizar la correcta implementación”.

Aníbal dijo no tener dudas de que “estamos ante la transformación legislativa más importante y avanzada de los últimos cien años”, y se preguntó “¿por qué le tenemos miedo a este tipo de situación? ¿Para qué queremos transformar esto en un cuco, hay un funcionario que es el cuco y nos puede robar el fiscal, y el fiscal come chicle y no come caramelos… Es una discusión muy chiquita”. En ese sentido pidió pensar en la gente que “todos los días reclama justicia”.

El senador Carlos Verna anticipó su voto favorable al recordar que había implementado una reforma en ese sentido cuando fue gobernador de La Pampa. “En vista a la experiencia que tenemos en la provincia, yo no puedo dejar de aprobar este proyecto”, aclaró, para formular luego una serie de reparos y recomendaciones.

Por su parte, el senador socialista Rubén Giustiniani cuestionó el debate que consideró “demagógico” y estimó que “evidentemente hay un desinterés, porque siempre existe el máximo interés de que una ley salga con el máximo consenso; pero me parece que hay un desinterés de parte del oficialismo en contar con el acompañamiento. Me parece que hay una intención para trazar la raya entre ‘ustedes y nosotros’, de llevar a la oposición a no tener más remedio que votar en contra”.

El proyecto

Según la iniciativa oficial, la investigación preparatoria estará a partir de la reforma a cargo de los fiscales y no de los jueces, razón por la cual la oposición reclamaba paralelamente una reforma del Ministerio Público.

El proyecto oficial tuvo más de cuarenta cambios en comisión, por ejemplo en el artículo referido a la suspensión del proceso a prueba, vinculado a los extranjeros que sean encontrados en flagrancia delictiva. A diferencia de la letra original, el nuevo Código no discriminará entre extranjeros en situación regular o irregular, aunque a los primeros les otorga la posibilidad de solicitar una probation en el país. De esta manera, se mantiene la posibilidad de expulsión, siempre y cuando el delito imputado conlleve el cumplimiento de una pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión y que no se vulnere el derecho de reunificación familiar.

El proyecto establece que consumada la expulsión, esa persona tendrá prohibido el reingreso por no menos de 5 y no más de 15 años. Por otra parte se mantiene la posibilidad de mantener detenido a quien haya sido encontrado en flagrancia durante 72 horas y se agregó la posibilidad de que el fiscal pueda prorrogar esa detención por 72 horas más.

Del proyecto original se eliminó la cláusula de conmoción social como un agravante para el victimario. Pero se mantienen otros aspectos a tener en cuenta por el magistrado, como la existencia de peligro de fuga o que el acusado pueda entorpecer la investigación en función de la gravedad de las circunstancias del delito, su naturaleza o las condiciones del imputado.

Respondiendo en parte el reclamo de la oposición, el plenario recortó facultades del Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas, estableciéndose que a partir de ahora el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara “mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa”.

Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara, determina la nueva norma.

En otro orden, no fue modificada la facultad del fiscal de estar a cargo de la investigación preparatoria que puede tardar hasta un año y que concluye con la acusación del imputado, exhibiendo las pruebas pertinentes al juez.

Durante la preparación del juicio se resolverá qué pruebas se tendrán en cuenta y se determinará el tribunal que se hará cargo del proceso oral y público.

Asimismo, los fiscales podrán decidir cuáles delitos investigar. Pero eso sí: están obligados a investigar las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación.