En una extensa jornada en la que sesionaron ambas cámaras legislativas, finalmente la Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que crea un nuevo estatuto municipal y que instaura, entre otras cosas, el mecanismo de negociación colectiva en mesa de paritarias para los 135 municipios bonaerenses, y que beneficiará a unos 120 mil trabajadores comunales.

Tal como estaba previsto, el proyecto primero fue tratado por los Senadores, quienes respaldaron el proyecto en su totalidad a excepción del Frente Renovador, que lo rechazó, y del unibloque de PJ Néstor Kirchner, que defendió un proyecto propio y se abstuvo. En Diputados la votación fue similar, ya que el massismo también rechazó la iniciativa.

El proyecto original, impulsado por el diputado del Frente para la Victoria Hernán Doval, incorporó algunas modificaciones en el Senado, por lo que regresó a su cámara de origen para ser sancionado. Los cambios incluidos fueron consensuados con intendentes agrupados en la Federación Argentina de Municipios FAM, el Poder Ejecutivo provincial y dirigentes enrolados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses FESIMUBO.

En esencia, se mantiene en el cuerpo normativo la obligatoriedad de realizar negociaciones colectivas entre los gremios y las municipalidades, mientras que las cláusulas vinculadas con las condiciones laborales de esos miles de agentes deberán ser fijadas por cada uno de los 135 municipios.

Como se apuntó, el proyecto original radicado en Diputados y planteado por Doval deroga la ley 11.757, sancionada en 1996, para crear una instancia de negociación salarial inexistente hasta hoy, y lograr el establecimiento de un piso de haberes no menor al salario mínimo vital y móvil en proporción a las seis horas de jornada laboral para el sector.

En cuanto a la garantía para que los trabajadores municipales perciban ese sueldo mensual en los 135 distritos, se incorporó al proyecto una cláusula por la cual la el Gobierno provincial colaborará con los distritos que no tengan recursos para enfrentar la actualización salarial de sus empleados.

Asimismo, y por pedido del FAP y la UCR, se estableció un límite a la planta temporaria. Así, se establecerá una reducción gradual de los contratados, hasta llegar, en 5 años, a un tope del 20 por ciento del total de la planta permanente, proporción que exigían los gremios en el proyecto original.