El senador de la UCR no descarta medidas que el oficialismo impulse medidas desde el Congreso para “garantizarse impunidad".
El titular de la UCR y precandidato presidencial del Frente Amplio Unen, Ernesto Sanz, aseguró que la designación de 16 nuevos fiscales impulsada por el Gobierno “solamente tiene un fin: garantizarse impunidad” en “causas de corrupción”.
“¿Por qué el apuro, por qué este nombramiento de fiscales? ¿Es para mejorar la Justicia? No. ¿Es para agilizar la Justicia? No. Solamente tiene un fin: garantizarse impunidad”, indicó.
En declaraciones a Radio El Mundo, Sanz dijo que el kirchnerismo pretende “nombrar un fiscal en las causas donde hay un funcionario involucrado no para agilizar esa causa, sino para demorarla, obstaculizarla. El Gobierno, lo que no quiere, es que la Justicia avance en la investigación de causas de corrupción”.
Consultado sobre la posibilidad de que el kirchnerismo adelante en el Parlamento la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, para destrabar la medida precautelar del juez Enrique Lavié Pico, que frenó las designaciones de los fiscales, Sanz evaluó que el oficialismo “va a tratar de hacer cualquier cosa”.
“Podrá hacerlo en el Parlamento con la mayoría que tiene, pero no podrá evitar que los ciudadanos tomen debida nota de esto, y esto también se va a ver reflejado en las urnas este año”, advirtió el senador.
Según Sanz, “cada paso que da el kirchnerismo, podrá darlo con su mayoría, pero no deja de mostrarle a la sociedad su peor cara”.
“El Gobierno pretende blanquear los nombramientos de (la procuradora general, Alejandra) Gils Carbó, pero la Procuración General de la Nación es algo mucho más importante que una procuradora o un gobierno circunstancial”, evaluó.
El viernes último, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Lavié Pico dispuso una “medida precautelar” que frenó la designación de 16 fiscales subrogantes dispuesta por Gils Carbó, en un fallo en el que advirtió que “resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia” de esos nombramientos.
Los 16 fiscales generales subrogantes, de todo el país y que tienen previsto asumir sus funciones el 2 de febrero próximo, en su mayoría militan en la agrupación judicial kirchnerista “Justicia Legítima”.
