La República está en crisis. La muerte violenta del fiscal Alberto Nisman es la expresión más acabada de esta manifestación.

Esta crisis se inició hace mucho tiempo cuando el Congreso dejó de ser un poder independiente que debía funcionar como contrapeso para controlar los posibles desbordes del Ejecutivo y así garantizar el funcionamiento de un Poder Judicial independiente.

El avance del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial trajo como consecuencia numerosos excesos: la sanción de leyes sin consensos, la designación de jueces y fiscales teniendo en cuenta su adhesión al oficialismo, la destitución o amenaza a miembros del Poder Judicial que se atrevieran a investigar al gobierno o a alguno de sus integrantes.

Debemos reconocer, sin embargo, que este avance fue dificultado por la Corte Suprema de Justicia, designada también por este gobierno en épocas en que siguiendo objetivos nobles, se pensaba que una República consolidada, necesitaba de la independencia del Poder Judicial. Este enfrentamiento que se da hoy entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, no es otra cosa que el saludable funcionamiento de una República.

Nos encontramos frente a una democracia que mutó en demagogia cuando comenzó a defender solo los intereses del grupo gobernante a través de actos de corrupción económica y política generalizados. En este marco se hace vital la búsqueda de justicia y el freno a la impunidad que tanto daño nos hace como país. Asistimos a una crisis institucional y a un descreimiento de las herramientas institucionales sin precedentes, que requiere de todos y cada uno de nosotros a fin de recuperar su buen funcionamiento.

Cuesta y duele creer que esta decadencia permitiera la muerte violenta de un fiscal, quien en cumplimiento de sus funciones, creyó descubrir una trama de encubrimiento por el atentado de la AMIA en la que, según su visión, se encontrarían involucrados la señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; su canciller Héctor Timerman; y otros actores políticos vinculados al oficialismo.

La gravedad del ahora requiere que el oficialismo parlamentario convoque a sesiones extraordinarias para poner en funcionamiento los organismos de control necesarios que impongan un límite ante tanto desborde.

Podrían decirse muchas cosas más, pero una sola basta: el Congreso está paralizado por decisión de la mayoría gobernante.

Es mi deber como diputado de la Nación exigir públicamente el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que, conducida por el oficialismo, no cumple con las tareas para la cual fue creada. Por lo tanto, si la muerte del fiscal fue obra de una interna de los servicios de inteligencia ¿por qué esa interna no fue detectada y controlada a tiempo?

Por acción u omisión, el oficialismo es responsable de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Asimismo, el Congreso tiene también la obligación de conformar una “Comisión de Seguimiento de las actuaciones judiciales” por la muerte del fiscal Nisman y la causa AMIA. Una República fuerte requiere de instituciones sanas y transparentes, y el pleno equilibrio entre los poderes.

Este grave presente requiere la unión de todas las fuerzas de la oposición y la convocatoria a aquellos legisladores del oficialismo que entiendan que solo la verdad fortalecerá la República, pero también requiere la exigencia de verdad y transparencia por parte de toda la sociedad. No podemos acostumbrarnos a estos hechos.

El honor, la valentía y el coraje del fiscal Alberto Nisman exigen de todo nuestro compromiso para llegar a la verdad.