Semanario Parlamentario adelanta los temas que abordaría el Parlamento a lo largo del año. Código del Trabajo, implementación del Código Procesal Penal, designación del quinto miembro de la Corte y leyes de salud, al tope de la agenda oficial. Se esperan repercusiones por el caso Nisman, la reforma de Inteligencia y el escándalo por las cuentas en Suiza.
Por Pablo Riveros
Algunos esperan que este año, como sucede en todo año electoral, la actividad del Congreso se torne casi testimonial una vez iniciada la campaña; más aun teniendo en cuenta que se pone en juego la continuidad del kirchnerismo en el Gobierno, pero sin un Kirchner compitiendo. Otros, en cambio, depositan grandes expectativas en los legisladores: esperan que la actividad proselitista sirva para impulsar cambios con fuerte contenido social. Y los indiferentes, los que no esperan nada, incluso podrían llevarse una sorpresa.
Aunque la agenda legislativa depende de la correlación de fuerzas políticas, del humor social, de las urgencias que impone la coyuntura y de las corrientes de opinión, entre otros factores, ya se pueden adelantar algunos temas que seguramente debatirá el Congreso en 2015.
La lista que esbozó Semanario Parlamentario incluye importantes elaboraciones legislativas como el Código del Trabajo y la ley de implementación del Código Procesal Penal, pasando por la designación del quinto miembro de la Corte Suprema de Justicia y el escándalo por las cuentas bancarias en Suiza, hasta las repercusiones por el caso del exfiscal Alberto Nisman y una batería de proyectos sobre salud.
A una semana del inicio del año legislativo, la sociedad se prepara para ver en marcha un Congreso que tiene todas las chances de cambiar tras la salida de Cristina Kirchner, el próximo 10 de diciembre.
Legislación Procesal Penal
La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal sancionado el año pasado quedó a merced de una ley de implementación que el kirchnerismo prometió comenzar a elaborar a partir de marzo. La norma será impulsada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, próxima a constituirse, y “deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados” de la aplicación de la nueva legislación. Los legisladores también analizarán “toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código”.
Esto podría incluir una modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal, pedida por la oposición y sugerida por el secretario de Justicia, Julián Álvarez: “está en carpeta del Poder Ejecutivo”, dijo.
La discusión promete reactivar la polémica entre el oficialismo y el arco opositor por las verdaderas intenciones de cada sector: mientras que la tropa de Cristina Kirchner afirma pretender “democratizar” el Poder Judicial y agilizar las causas, el anti-kirchnerismo lo denuncia por querer “colonizar” la Justicia; en tanto, la réplica oficial acusa a los opositores de ser, en última instancia, funcional a los intereses corporativos.
Bicameral de inteligencia
La comisión encargada de controlar a los organismos de inteligencia tendría mayor actividad este año debido a la reforma institucional que se pondrá en marcha en los próximos meses y a las sospechas sobre el papel de los espías en la muerte de Nisman. Aunque la bicameral trabaja a puertas cerradas, se evalúa una reforma de su reglamento interno para transparentar su accionar.
Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia y mano derecha de Cristina Kirchner, afirmó que se pretende “que la bicameral ejerza su función junto con la actividad del Ejecutivo” para “subordinar” a los servicios de inteligencia “al poder político que expresa la voluntad popular”. “Es una tarea por hacer”, dijo.
El reemplazo de Zaffaroni
La Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con cuatro miembros cuando por ley se le exige cinco. Tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni, la Casa Rosada nominó en su reemplazo a Roberto Carlés, quien coordinó la comisión multipartidaria que redactó un ante-proyecto de reforma del Código Penal.
Una vez que concluya la etapa en que se receptan adhesiones e impugnaciones, el pliego de Carlés ingresará al Congreso, donde deberá contar con el acuerdo de al menos dos tercios de los senadores (48) para ser aprobado. Es un objetivo difícil para el oficialismo, que eventualmente logra reunir a 38 legisladores entre propios y aliados tradicionales, y que tiene pocas posibilidades de llegar a un acuerdo con la oposición. Con la misma polémica en torno a la Justicia, el anti-kirchnerismo se comprometió públicamente a no habilitar la designación de un juez de la Corte hasta que Cristina Kirchner deje el Gobierno.
Código del Trabajo
Podría ser uno de los temas principales del año. Luego de aprobar los nuevos Código Civil y Comercial y Código Procesal Penal, el kirchnerismo trabaja en la elaboración del primer proyecto de Código del Trabajo, que compile en un único cuerpo normativo toda la legislación laboral vigente y la adecue con la nueva legislación civil y comercial. La iniciativa es de Héctor Recalde, abogado laboralista y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, quien ya trabaja en un ante-proyecto con el Ministerio de Trabajo.
El Código también podría tipificar nuevos derechos, como más días de la licencia por paternidad, y derogar la legislación de la dictadura, entre otras cuestiones. Se cumpliría así con la encomienda constitucional de dictar un código “del Trabajo”, luego del intento frustrado durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Nisman-AMIA
Seguirán los coletazos por el caso Nisman. La actividad parlamentaria se reactivó en pleno verano por la muerte del fiscal de la causa AMIA y todo indica que el tema seguirá en agenda de los legisladores. Una vez abierto el período de sesiones ordinarias, la oposición insistirá con la derogación del acuerdo con Irán que llevó al fiscal a denunciar a Cristina Kirchner. En paralelo algunos sectores insistirán con el juicio político al canciller Héctor Timerman, el desafuero del diputado Andrés “Cuervo” Larroque y la institución del juicio en ausencia para juzgar a los sospechosos iraníes, propuestas obviamente rechazadas por la tropa oficialista. También se insistirá con la creación de una comisión investigadora del atentado a la AMIA.
Alcohol cero
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anticipó que este año insistirá con la sanción de una ley que, entre otras cuestiones, prohíbe manejar en rutas nacionales con alcohol en sangre. “El Poder Legislativo se negó a tratarlo”, dijo el ministro sobre la falta de consenso incluso en el Frente para la Victoria.
El proyecto también le otorga poder de policía a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las rutas y autopistas nacionales, promueve mayores controles de velocidades, prevé la creación de zonas específicas de circulación acorde al tipo de vehículos y fija la pena de arresto para los que corran “picadas”, entre otras cosas.
Cuentas en Suiza
El kirchnerismo tiene entre sus prioridades activar la “comisión bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”. El grupo de trabajo estará compuesto por cinco diputados y cinco senadores y tendrá por objetivo informar al Poder Ejecutivo sobre las maniobras para evadir impuestos, denunciar los ilícitos ante la Justicia y promover las modificaciones legislativas que sean necesarias.
De esta manera, el Congreso buscará avanzar en paralelo con la denuncia judicial de la AFIP contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias Suiza sin declararlas ante el fisco. Según la entidad recaudatoria, las cuentas habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC a nivel internacional, con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras de al menos 3.000 millones de dólares.
Ley Federal de Culturas
La ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, presentó en noviembre pasado un ante-proyecto de ley como marco legal para las políticas culturales federales. La iniciativa, con antecedentes en el Congreso, cuenta con el respaldo de asociaciones de artistas y será debatido y reformado tras una serie de audiencias públicas en todo el país, para una vez luego ingresar al Parlamento.
De acuerdo con el borrador que presentó Parodi, el Ministerio deberá garantizar los derechos culturales como derechos humanos (creación e investigación intelectual y artística, patrimonio cultural, propiedad intelectual y artística, educación, comunicación), fomentar las disciplinas artísticas y promover el intercambio cultural hacia el interior y exterior del país. Asimismo, se promoverán políticas de Estado a nivel federal -a través del Consejo Federal de Cultura, que nuclea a los gobiernos nacional y provinciales- y se establece que la inversión cultural será equivalente al uno por ciento del Presupuesto nacional.
Acuicultura, Instituto de la Carne y SENASA
El Congreso también podría abordar tres proyectos de ley remitidos en noviembre pasado por el Poder Ejecutivo y que por el momento pasaron desapercibidos. Según el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, el proyecto de ley de Acuicultura busca “fortalecer al sector, cuidando los recursos pesqueros”, teniendo en cuenta el aumento del consumo de producto de pesca registrado en los últimos años. En ese sentido se pretende dotar a la actividad de un marco regulatorio y de promoción a través del agregado de valor en origen de la producción, de créditos especiales y de un fondo específico para el financiamiento de emprendimientos productivos.
Atento a que el consumo de carnes porcina, aviar y de pescado continúan en aumento, aunque sin alcanzar los niveles de la carne vacuna, otra iniciativa propone reemplazar el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) por el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA).
Con la instrumentación del IPCA, cambiará la conformación actual de la Asamblea de Representantes, la cual estará compuesta por un presidente y 18 miembros: seis del sector productivo; tres del sector industrial; cuatro del Gobierno nacional; cinco de las provincias productoras. El titular del Instituto será designado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la vicepresidencia la ocupará un representante del sector privado. El voto del presidente será doble.
Finalmente, otro proyecto de ley sobre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal de la Argentina y a la inocuidad y calidad de producción primaria y los agroalimentos. A la vez que determina el estatus jurídico, formaliza las competencias y establece los mecanismos adecuados para su financiamiento.
“El SENASA es garante de nuestros procesos comerciales a todo el mundo y es un organismo fundamental para el día a día de todos los argentinos, porque con él garantizamos la calidad y salubridad de los productos alimenticios que se generan en nuestro país”, apuntó Casamiquela.
Propiedad comunitaria
Tras excluir el tema del nuevo Código Civil y Comercial, la Casa Rosada anunció que promoverá una ley especial para regular el derecho de los pueblos originarios a sus tierras. La idea es diferenciarlo del derecho al dominio regular y cumplir con una deuda constitucional. Trabaja en el tema el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Violencia en el fútbol
Con el impulso del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, la Comisión de Deportes de dicho Cuerpo se propuso aprobar este año un proyecto consensuado entre todos los bloques políticos para enfrentar la violencia en las canchas con medidas concretas.
Leyes de Salud
Fuentes oficiales adelantaron a este medio que será prioridad la aprobación de un régimen del ejercicio profesional de la obstetricia y la regulación de la publicidad de medicamentos en nuestro país. También se trabajará en proyectos para incluir diversas patologías al Programa Médico Obligatorio (PMO), para regular las residencias médicas y para garantizar tratamientos de enfermedades puntuales como el cáncer y producidas por consumos como el alcohol y el tabaquismo.
El Senado tiene pendiente la sanción del proyecto que regula el alcance, los derechos y las relaciones jurídicas derivadas del empleo de las técnicas de reproducción humana asistida y la protección del embrión no implantado, de forma complementaria con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial y en la ley 26.862.
Presupuesto 2016
El Gobierno de Cristina Kirchner tiene la obligación legal de enviar antes del 15 de septiembre el proyecto de ley de gastos y recursos del Estado con el que trabajará su sucesor. El tema promete traer mucha polémica: el kirchnerismo bien puede aprobar el Presupuesto antes de dejar el gobierno o bien presentar el proyecto y concederle su sanción a la composición política que resulte de las elecciones.
