Los diputados referenciados en Rodríguez Saá proponen modificar la comisión bicameral de control, dotarla de mayoría opositora, y que las escuchas telefónicas queden a cargo de la Corte Suprema.
El boque de diputados nacionales de Compromiso Federal, la agrupación referenciada en el senador Adolfo Rodríguez Saá, presentó un dictamen alternativo al del oficialismo en el tema de la reforma del área de Inteligencia del Estado.
“Creemos que esto es un simple maquillaje. No se están tratando las cuestiones de fondo sobre la normativa que regula el Sistema de Inteligencia Nacional”, opinó la diputada Berta Arenas sobre la ley que promueve el kirchnerismo.
La legisladora puntana explicó que, de acuerdo a su propuesta, ningún organismo de inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo podrá llevar a cabo sus actividades sin previa autorización del juez competente.
También propone reformular la actual Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en una Comisión Bicameral de Control “con mayores poderes” y con una nota distintiva: estará compuesta por seis senadores y seis diputados, debiendo garantizarse que la mayoría absoluta de su composición corresponda a representantes de agrupaciones políticas opositoras y que no podrán ser presidentes o vice, los legisladores del partido gobernante ni circunstanciales aliados.
“Su objetivo será controlar al Sistema de Inteligencia Nacional y tendrá amplias facultades para investigar y controlar de oficio”, explicó.
Otro de los puntos destacados del dictamen es que solo podrán ingresar al plantel de los organismos de inteligencia aquellas personas que, además de cumplir con otros requisitos, aprueben concursos de antecedentes en las condiciones que establezca la reglamentación.
También se proyecta que solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ser la encargada de ejecutar las interceptaciones de teléfonos ordenadas por la autoridad judicial competente.
“Este es un duro golpe a los ‘amos de la oscuridad’, por llamar de alguna manera a nefastos personajes que se escudan en resabios normativos y prácticas institucionales ilegales heredadas del autoritarismo que hemos padecido los argentinos. Si los jueces son los únicos que pueden ‘invadir’ legalmente nuestra intimidad, la mejor solución es que esta cuestión tan sensible quede en manos del máximo tribunal federal”, opinó Berta Arenas.
