El diputado nacional por la UCR y exfiscal anticorrupción Manuel Garrido manifestó su preocupación por la séptima prórroga de la Ley 26.860 de Exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, más conocida como “blanqueo de capitales”.

Garrido recordó haber advertido durante en el año 2013, en el contexto de la discusión de la ley, que “la delegación establecida en el artículo 20 del proyecto no tiene plazo fijado para su ejercicio y no contiene las bases de la delegación, lo que permitió que durante estos dos años la presidenta la haya prorrogado sin discusión ni evaluación de resultados”.

Además, consideró que “ya en ese momento era claro que no se trataba de una emergencia pública, con lo cual no se comprende las facilidades que se les dan a aquellos que blanquean, eximiéndolos del pago de impuesto y liberándolos de la persecución penal que les cabe por infracción a la Ley Tributaria”.

“Es decir –señaló- la delegación propuesta viola la Constitución Nacional por cuanto no cumple ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 76 y viola lo dispuesto en el artículo 99 inciso 3″.

Según Garrido, “es una ley que se aprobó utilizando como excusa una mala lectura de las obligaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuando en realidad se está generando la posibilidad de continuar recibiendo dinero en negro que incluso puede estar en manos de organizaciones criminales, fortaleciendo el vínculo con la corrupción y favoreciendo la instalación en nuestro país de estas organizaciones violentas”.

Por último, el radical concluyó que “es ilógico continuar beneficiando a aquellos que no cumplen con las obligaciones tributarias, en demérito de todos aquellos que venimos cumpliendo con la ley”.