“Nos da bronca y dolor”, dijo el papá de Lautaro Juárez, el joven que perdió la vida tras ser embestido por Diego Cuevas, otro joven de 19 años, que circulaba a 150 kilómetros por hora cuando embistió a Lautaro y cinco amigos dejando a tres de ellos con graves heridas, al saber que el juez de la causa resolvió que no se trataba de un homicidio simple con dolo eventual sino de uno culposo y grave.

La verdad es absurdo que quien circula en medio de la ciudad o incluso en una autopista a esa velocidad no prevea que una sola dificultad puede terminar en tragedia, tan absurdo como la muerte de Lautaro quien regresaba junto a sus amigos de un cumpleaños. Ahora las partes pondrán el acento en si corría o no corría una picada, pero si se acredita fehacientemente esa velocidad en la causa evidentemente algo estaba corriendo, qué no importa. Lo único que importa es que Lautaro perdió su vida y Diego se la arruinó.

Esto no es un hecho aislado, vecinos de todo el país reclaman compromiso a las autoridades para terminar con los conductores desaprensivos. Y mi proyecto para crear una tipología específica en el Código Penal para las muertes en accidentes de tránsito está por cumplir cinco años sin que la comisión de legislación penal, única que debe analizarlo por ahora, emita un dictamen.

Se trata de separar las muertes en accidentes de tránsito de la figura de delito culposo, porque merecen un abordaje específico como para tener todo un título en el ordenamiento jurídico. Esta propuesta, que lamentablemente estuvo inspirada en hechos fatales ocurridos en mi provincia y en la gesta realizada por Guillermo Álvarez quien caminó de Neuquén a Buenos Aires para pedir Justicia por su hermano Marcos, incluye nuevos agravantes como la participación en pruebas de velocidad, las picadas, el abandono de persona después del siniestro y conducir bajo el efecto de drogas o con exceso de alcohol, entre otros. Pero lo más relevante es que crea una figura específica.

El derecho penal no es la herramienta para aplacar este flagelo, pero hay que dar marco jurídico más acorde a los tiempos actuales que le permita al sistema judicial dar una respuesta más justa. La modificación del Código Penal estaría dando una respuesta punitiva, acorde a la gravedad de los hechos que comprenden la seguridad vial, sin olvidarnos que la única forma de abordar seriamente esta problemática, es en forma integral y con una real política “preventiva” que se vislumbre en un compromiso de Estado, más allá de intereses particulares y anteponiendo por sobre todo, la vida humana.