El candidato del Gobierno para la Corte dijo que trabaja todos los días en la Cámara alta por un suelo de más de 30 mil pesos. El fiscal Mariuján le pidió a un juez que lo compruebe.
El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación para que se determine si Roberto Carlés, el candidato del Gobierno para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia, trabajaba efectivamente en la Dirección de Obras y Servicios Generales del Senado, donde ingresó en enero de 2012.
Marijuán, en remplazo del fiscal Gerardo Pollicita, imputó a Carlés y le solicitó al juez Daniel Rafecas que realice varias medidas de prueba destinadas a comprobar si el abogado penalista cumple tareas regularmente en la Cámara alta, según informó el periodista Omar Lavieri en Infobae.
Cuando la Comisión de Acuerdos del Senado trató el pliego de Carlés para juez de la Corte Suprema, el abogado señaló: “Soy asesor de la Dirección de Obras y Servicios Generales de esta casa. Mi función es estrictamente jurídica. En toda dependencia administrativa que ejerce facultades de compras es necesario actos administrativos que requieren control letrado”.
Y agregó: “Mi remuneración neta es de poco más de 30 mil pesos y mi superior es Daniel Lauro. Los horarios dependen de la actividad que tenga. A veces la carga es de todos los días y otras puedo trabajar desde afuera”.
El pliego de Carlés obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos pero no fue tratado en el recinto del Senado porque el kirchnerismo no consigue los dos tercios necesarios para designar un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, Marijuán le pidió a Rafecas varias medidas para iniciar la investigación. Según fuentes judiciales, el fiscal solicitó diversas medidas.
Que se confeccione un listado de todos los empleados de la Dirección de Obras y Servicios Generales del Senado para que se los cite a declarar con el fin de que detallen cuál era la actividad laboral de Carlés en esa repartición.
Que se determine si en el edificio llamado Alfredo Palacios (el anexo del Senado) existe un sistema que registre el ingreso y egreso de los empleados que trabajan allí.
Que a través del programa informático llamado Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA), se determine cómo era el régimen laboral de Carlés.
Que se establezca si en el edificio donde está la sede de la Dirección de Obras y Servicios Generales del Senado hay cocheras asignadas a los empleados y si Carlés poseía una.
Que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe si al mismo tiempo que Carlés revistaba en el Senado se registraron aportes a favor del abogado, provenientes de otras ocupaciones.
La causa judicial en manos de Rafecas y Pollicita se originó en la suma de una denuncia de Juan Mussa y de una investigación preliminar que había iniciado el fiscal federal Carlos Rívolo.
Rívolo había avanzado en la recolección de pruebas para, en el caso de comprobarse el delito de malversación de caudales públicos, realizar la denuncia pertinente. Pero al haber una denuncia los casos convergieron en uno.
Con el impulso dado por Marijuán, el caso queda en manos de Rafecas, quien debe decidir si continúa con la investigación para determinar si Carlés trabajaba o no como asesor en el Senado de la Nación.
